Si,
según señala Manuel Sutherland, el sector estatal genera el 97% de las
divisas que ingresan, y el sector privado
sólo exporta para ingresar un magro 3% de ellas, la Guerra
Económica del sector privado contra el gobierno podría forzar a éste a no
seguir transfiriéndole magnitudes como
los 317.092 millones de dólares preferenciales traspasados entre 2003 y 2012.
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DE LA ULTRADERECHA
Hace una década escribí que en su desesperación
por recuperar un poder que no supo merecer ni conservar, la ultraderecha es
el motor fundamental de los avances revolucionarios.
Con
ilimitada voracidad, la reacción impuso en América Latina y el
Caribe Paquetes del Fondo Monetario, contra los cuales se rebelaron
movimientos sociales que instauraron gobiernos progresistas, los que controlaron las empresas explotadoras de recursos
naturales
La ultraderecha patronal de Fedecámaras implicó
al sector reaccionario del ejército en un golpe de Estado cuyo fracaso
permitió el saneamiento de la oficialidad.
La reacción impulsó asimismo a la Nómina Mayor
de Petróleos de Venezuela a sabotearla y abandonar el trabajo por tres
meses, logrando así entregar la
empresa a los progresistas.
La reacción usó y abusó de tal forma de unos
medios convertidos en actores políticos, que forzó al campo revolucionario
a empezar a controlarlos mediante la Ley Resorte, y a crear un
significativo sector de medios de servicio público, comunitarios y alternativos.
La sumisión de la ultraderecha a Cortes de
Arbitraje Internacional tales como el CIADI que siempre favorecen a las
transnacionales y condenan a los países en desarrollo forzó a Venezuela a
retirarse de esas trampas cazabobos.
A fuerza de abusar de demandas temerarias ante
la prejuiciada Corte Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA, la
reacción también logró que Venezuela
se retirara de ese tribunal de linchamiento.
Derrotada en lo político; desorientada en lo
social, inexpresiva en el cultural, la ultraderecha se empecina en
forzar los cambios revolucionarios
mediante la Guerra Económica. Por ejemplo, al estafar al Estado
desfalcándole más de 20.000 millones de dólares al cambio preferencial, que
sólo se aplicaron en importaciones ficticias, la reacción posibilita que el
Estado repare el tambor rasgado de las reservas internacionales
resarciéndose mediante la expropiación masiva de los chivos que monopolizan las importaciones.
Si, según señala Manuel Sutherland, el sector
estatal genera el 97% de las divisas que ingresan, y el sector privado sólo exporta para ingresar un magro 3% de
ellas, la Guerra Económica del sector privado contra el gobierno podría
forzar a éste a no seguir transfiriéndole magnitudes como los 317.092 millones de dólares
preferenciales traspasados entre
2003 y 2012.
Al inventar estafas y triquiñuelas para obtener
cupos de divisas que no se destinan a la finalidad prefijada, la reacción
ha sentado las bases para que se diseñen mecanismos de control efectivo
sobre las remesas para familiares imaginarios en el extranjero, sobre los
raspacupos que cobran para viajes fantasmas, sobre los espectáculos
musicales rumbosos que obtienen fortunas para cubrir gastos inexistentes.
Al lograr del Estado transferencias anuales que rondan los 43.000 millones de
dólares preferenciales y provocar de
tal manera un déficit fiscal que desencadenó devaluación, especulación y
desabastecimiento estratégico, la ultraderecha fuerza una Reforma
Tributaria que imponga al gran capital tasas por encima del moderado límite del 34% del ISRL.
Al morder la mano que la alimenta con dólares
preferenciales, la reacción está empeñada en que el Estado dedique esas
magnitudes a fomentar industrias productivas internas para el consumo
básico.
Al convertir las importaciones fraudulentas en
el mecanismo fundamental para exaccionar del Tesoro las divisas que no puede producir
mediante las exportaciones, la derecha pavimenta el camino para que el
Estado asuma directamente la gestión de las importaciones.
La ultraderecha transnacional, que en virtud
de los Tratados contra la Doble
Tributación se enriquece en Venezuela sin prácticamente tributar, gracias a
su Guerra Económica puede lograr que denunciemos esos tratados y la
obliguemos a pagar impuestos como todo el mundo.
La Guerra Económica de desangramiento por
contrabando de extracción de gasolina y de alimentos subsidiados no deja al Estado más opción que controlar
eficazmente la frontera y de paso desarticular la infiltración paramilitar
que suplanta al hampa criolla,
domina gran parte de la economía informal, compra empresas de transporte y
políticos y asesina dirigentes sociales.
Al perpetrar sabotajes como los de la refinería
de Amuay, los cortes de electricidad y las interrupciones y asaltos del
Metro, la reacción cruza la línea del terrorismo económico al terrorismo
puro y simple y se autodefine como cuestión de orden público.
Con el atentado contra Eduardo Samán, director
del Instituto Nacional para la Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes
y Servicios (INDEPABIS), la ultraderecha culmina su tarea de advertir a las fuerzas
progresistas que si no la vencen serán exterminadas. Colaboración especial para LatinPress®. LPs.
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