El Ministerio Público logró privativa de libertad para los empleados del Banco Bicentenario Isael Piña, Verenis Arteaga (33) y Deisi Serrano (39), por su presunta complicidad en la desviación y apropiación de fondos destinados a dos consejos comunales en Tucupita, estado Delta Amacuro.
Durante la audiencia de presentación, los fiscales 10º nacional y auxiliar, junto a la 1º auxiliar de esa jurisdicción, Richard Monasterio, Ramón Torres y María Arellano, respectivamente, imputaron a Piña, Arteaga y a Serrano por ser presuntos cómplices necesarios en el delito de peculado doloso impropio y asociación para delinquir.
Tales delitos se encuentran previstos y sancionados en las leyes contra la Corrupción, y Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
En este sentido, el Tribunal 1º de Control de Delta Amacuro, con base en los elementos de convicción expuestos por los fiscales, dictó privativa de libertad contra las tres personas y fijó como lugar de reclusión para Piña el Retén Judicial de Guasina; mientras que Arteaga y Serrano permanecerán recluidas en la sede de la policía regional.
Asimismo, la mencionada instancia judicial acordó el bloqueo e inmovilización de las cuentas bancarias y la prohibición de enajenar y gravar los bienes de los imputados.
Vale destacar que por este caso también fue imputado y privado de libertad Wilmer Tovar, por la presunta comisión de los delitos de peculado doloso impropio, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
De igual forma, Oswaldo Cheremos y Anabel Belisario fueron imputados y privados de libertad por su presunta vinculación con este hecho.
De acuerdo con la investigación preliminar, tanto el consejo comunal Waranoco I como el Isla Misteriosa, ambos del municipio Pedernales del estado Delta Amacuro, recibieron recursos financieros del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), organismo adscrito al Consejo Federal de Gobierno, para la adquisición de peñeros, motores fuera de borda e implementos relacionados con la actividad pesquera.
Ambos consejos comunales habrían sido persuadidos por el empleado del FCI, Wilmer Tovar, para que le transfirieran los recursos financieros que sumaban 682 mil 755 bolívares.
Dicho monto fue entregado en dos cheques de gerencia a nombre de la Distribuidora Quintana 55, una empresa ficticia que supuestamente se encargaría de suministrar el material pesquero que los consejos comunales requerían.
Posteriormente, Serrano, Arteaga y Piña, quienes eran gerente, subgerente y cajero, respectivamente, de la agencia del Banco Bicentenario ubicada San José de Barlovento, estado Miranda, habrían facilitado la apertura de una cuenta a nombre de la empresa Distribuidora Quintana 55, aceptando un acta de asamblea falsa para poder depositar ambos cheques.
El 26 de julio, tras percatarse del incumplimiento de la compra del material, varios de los integrantes de los consejos comunales afectados presentaron la denuncia ante el Ministerio Público.
Luego de un operativo coordinado por el Ministerio Público y ejecutado por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, se logró la aprehensión de Serrano, Piña y Arteaga en la mencionada agencia del Banco Bicentenario.
Con información de Ministerio Público
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