Las manifestaciones masivas que se han realizado en las últimas semanas en las ciudades colombianas están relacionadas con el grado de abandono y hambre que ha llevado a la población de ese país, el Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado el pasado año con Estados Unidos.
Prácticamente no ha quedado lugar en toda la geografía del territorio andino que no haya sentido los efectos desastrosos producidos por el TLC, acuerdo que termina la obra emprendida por gobiernos anteriores de llevar al infinito el sistema neoliberal y de privatizaciones impulsado por Washington, el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El poco tiempo transcurrido han dado la razón a los analistas que predijeron que con la entrada en vigor del Tratado, el 15 de mayo de 2012, se aceleraría la fuga de capitales, la destrucción ambiental; aumentaría la privatización de servicios esenciales como educación, agua, electricidad y salud; se incrementaría la desigualdad y el trabajo precario; se reduciría la producción alimentaria con la entrada de mercancías subsidiadas procedentes de Estados Unidos, y, sobre todo, se perdería la soberanía económica y política de la nación.
El esfuerzo por firmar ese pacto neoliberal comenzó con el anterior gobierno de Álvaro Uribe, quien convirtió su adopción en una verdadera paranoia, política que continuó el presidente, Juan Manuel Santos.
Las actuales huelgas, manifestaciones y bloqueos de carreteras han superado a las ocurridas los meses de febrero-marzo pasados y se han caracterizado por la masividad y combatividad llevada a cabo por campesinos, productores agrarios y sectores solidarios como los de la salud, el transporte y la educación.
En más de 25 departamentos, pequeños productores de papa, leche, café, cebolla y otros alimentos, detuvieron sus actividades laborales y salieron a protestar contra el daño que les ha hecho el Tratado de Libre Comercio, la entrega de grandes extensiones de terreno a las transnacionales mineras y la poca ayuda recibida del gobierno para tratar de subsistir.
Debido a las ventajas que otorga el TLC a las grandes compañías foráneas, con la consecuente baja de las producciones nacionales, el gobierno importa grandes cantidades de carne, pollo, leche, cebolla, café, arroz, maíz.
Entre los lugares que más se han destacado en exigir los justos reclamos, aparecen Boyacá, Nariño, Catatumbo Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca, Santander, Norte de Santander, sur de Bolívar, Casanare, Arauca, Meta, Caquetá, Putumayo, Cauca, Nariño, Huila y Tolima.
Pero el ‘democrático’ gobierno de Santos ha respondido a las demandas como su predecesor, Álvaro Uribe, es decir, con la militarización de las principales vías terrestres y la represión policial y militar contra los movilizados.
Días antes del paro, las autoridades lanzaron una fuerte campaña para atemorizar a la población, y anunciaron por todos los medios de comunicación que ejecutarían un “operativo contundente” con el ejército y la policía para contrarrestar a los “revoltosos”. Las amenazas resultaron ciertas pues han utilizado contra los participantes, todo tipo de armas y gases lacrimógenos, además de detener a dirigentes y manifestantes.
No es menos cierto que la represión, la poca información en el país sobre las protestas y la prohibición a los manifestantes (por parte del ejército) de trasladarse de un departamento a otro para coordinar las acciones, han logrado controlar por la fuerza la extensión de esa lucha.
Tras la vigencia del Tratado, hubo un desenfrenado aumento de las importaciones; se controlaron las inversiones y disminuyeron las producciones nacionales; los mercados se llenaron de mercancías baratas provenientes del exterior, todo lo cual impulso la ruina de los campesinos, mineros, camioneros y pequeños empresarios.
Pero expliquemos un poco el intríngulis del TLC entre Washington y Bogotá. Sus 1.531 páginas, con numerosos acápites, una vez aprobados, se convirtieron en ley regida por lineamientos internacionales y por tanto ningún organismo del Estado colombiano tendrá derecho a aprobar algo que contradiga su texto (!). Sólo el todopoderoso Estados Unidos podrá realizar modificaciones, y siempre (las hará) a su favor.
Asimismo, al firmar el capítulo de Propiedad Intelectual, Colombia se comprometió a regirse por otros cuatro acuerdos internacionales que favorecen la penetración y libre movimiento de las transnacionales estadounidenses en el país, sin tener que responder por reclamaciones ambientales, despidos laborales y violaciones de derechos humanos.
Como resultado se incrementaron las llegadas de capitales foráneos en todos los sectores de la economía y la sociedad: empresas, bancos, minería, electricidad, telefonía, salud, alimentos, educación, medio ambiente (flora, fauna, agua).
A mediados del pasado mes de julio, un informe oficial, detallaba que en los últimos años se han privatizado el Banco Popular y el Colpatria; casi todas las grandes y medianas industrias estatales; las empresas eléctricas de Boyacá, Pereira, Cundinamarca, Santander, Norte de Santander, Meta y Termocandelaria; la minería e inmobiliaria, servicios de agua potable, alcantarillado, la salud, seguros y educación…
A la par, se han entregado -a precios irrisorios-, grandes extensiones de terreno para la extracción de minerales, construcción de hidroeléctricas con las consecuentes afectaciones a los pobladores originales y al medio ambiente.
Sabia resultó la decisión de varios gobiernos latinoamericanos de oponerse, durante la 3ª. Cumbre de las Américas efectuada en Argentina, en 2005, a la llamada Área de Libre Comercio (ALCA) para la región, que propugnaba Estados Unidos. Y, a la vista está, lo nefasta que ha sido la aprobación de TLCs por parte de Chile, Colombia, Perú y otros gobiernos.
Quienes han salido perdiendo son los pueblos, que hoy se levantan mostrando en sus manos sus reclamos.
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