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Apoyándose en el estímulo a los intereses individuales
y a métodos ilegales, orientados a socavar al Estado y las relaciones de
solidaridad, los grupos narco-paramilitares han venido perfilando algo así
como una política “social” mafiosa. Un aspecto es la política de
“microcréditos”, que en su desenvolvimiento puede vincularse con el
microtráfico de drogas, que llegado el caso puede suministrar fondos para
cancelar los créditos recibidos. Es una múltiple subordinación.
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La verdad
sobre la inseguridad
La manifestación que intentó destruir el edificio de la Fiscalía el 12
de febrero con saldo de dos muertos, seis decenas de heridos y cinco
vehículos incendiados decía protestar contra
la inseguridad.
Las cifras sobre la inseguridad en Venezuela vienen de una Encuesta
Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Ciudadana 2009, (Caracas,
mayo 2010) realizada por el INE, que
entre otras inconsistencias “percibió” que ese año 21.132 homicidios habrían
causado sólo 19.113 víctimas, y nos asignó una exorbitante tasa de 75,08
homicidios por 100.000 habitantes.
Pero basándose en el conteo real y objetivo de cuerpos del
delito, el ministro del Poder Popular
para Interior y Justicia Rodríguez Torres declara el 28 de diciembre de 2013 que la tasa real de homicidios para ese año
es de 39 por cada cien mil habitantes, casi la mitad de la “percibida” por
encuestas (AFP).
La divulgación de estas cifras desmontaría por sí sola la campaña de
pánico fraguada por medios de comunicación
y ONGs, según las cuales la tasa de homicidios en nuestro país sería
“más del doble de la de Colombia y más de cuatro veces la de Irak” (Crisis
Group N°38, 17 de agosto 2011). Pero por una u otra razón los medios de
servicio público no han divulgado la verdad con el énfasis suficiente.
Parece que nuestro país hubiera sido víctima durante un quinquenio de
una operación de Guerra Psicológica para exacerbar el pánico y detonar
violencias “contra la inseguridad” destinadas en realidad a derrocar por el
terror al gobierno bolivariano democráticamente electo, que en las últimas
elecciones obtuvo el 75% de las alcaldías, con una ventaja de diez puntos y
medio del total de los votos sobre la oposición.
Terrorismo
contra democracia
Todos los que han seguido las
agresiones violentas en Venezuela habrán advertido las siguientes características:
-Se focalizan primero en 19,
luego en 9 y finalmente en 6 y en 2 municipios de clase media o media
alta, gobernados por alcaldes
opositores, algunos en estados fronterizos.
-Los alcaldes opositores y sus policías municipales fomentan y
protegen las violencias, al punto de que agentes de la Policía de Chacao
asesinan a una agente del Servicio Bolivariano de Inteligencia que detiene a
uno de los violentos, y se hace necesario que el Tribunal Supremo de
Justicia, respondiendo a demandas de sus vecinos, inste a las alcaldías a abrir las vías
bloqueadas.
-Los participantes se presentan ante los medios como jóvenes
estudiantes, pero luego son suplantados por adultos, encapuchados y
marginales, al extremo de que de 1.529 detenidos en un mes de violencias, (la
inmensa mayoría liberados a las pocas horas) sólo un tercio son estudiantes.
-En lugar de manifestar pacíficamente, los violentos cortan las vías
en las alcaldías opositoras, impiden por la fuerza el paso a los vecinos y
los secuestran en sus hogares, los asfixian quemando basura y destruyen árboles, señalizaciones, edificios públicos,
instalaciones eléctricas y telefónicas, transportes colectivos y de
alimentos.
-Los terroristas recurren a la amenaza, la agresión física y al
asesinato con disparos en la cabeza y tiros por la espalda y trampas contra
personas, para finalmente progresar hacia el saqueo y el cobro de peaje.
-Los terroristas utilizan armas de fuego con mirillas láser, son
seguidos por “sombras” que recogen los casquillos para evitar la
identificación de las armas, y esgrimen artefactos para destruir neumáticos,
bombas de fragmentación y trampas contra personas.
-Se pertrechan regularmente de dinero, alimentos, ropas, capuchas,
sustancias incendiarias y armas en centros de acopio cercanos a los
disturbios, algunos de los cuales han sido allanados en jurisdicción de las
alcaldías opositoras.
-Las arremetidas terroristas recurren durante cuatro semanas, período
inusual para manifestaciones espontáneas, que por el contrario evidencia una
coordinación, organización, entrenamiento
y financiamiento de largo alcance.
-Las acciones terroristas no tienen
una finalidad en sí mismas, sino la de simular para los medios un escenario de supuesta “guerra civil” en
6 y finalmente 2 de los 335 municipios de Venezuela.
Las mencionadas son prácticas, tácticas o logísticas que no presentan
ni la más remota semejanza con las de un movimiento estudiantil o juvenil.
Mucho menos había contado
ningún movimiento “juvenil” del mundo con el sospechoso y automático respaldo
de la Sociedad Interamericana de
Prensa, la cual dedica en todos sus diarios afiliados una página diaria a
denigrar de Venezuela; ni de la inmensa mayoría de los medios privados, que
exaltan los delitos de los opositores mientras ocultan las masivas y
contundentes manifestaciones por la paz de las mayorías bolivarianas.
Y en ningún caso movimientos estudiantiles o juveniles aceptarían ni
gozarían del apoyo del ex presidente
colombiano Uribe, quien trata de recoger un millón de firmas contra nosotros;
del presidente de la OEA, el cual intentó enviar una comisión investigadora
al país, del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU quien pide a Venezuela que enjuicie a los responsables
de ataques contra manifestantes antigubernamentales (http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/politica/onu-pide-a-venezuela-enjuiciar-la-muerte-de-manife.aspx#ixzz2tX88l5ZO),
del Secretario de Estado de estadounidense, y de la Cámara de Representantes de ese
país, la cual deplora “la inexcusable violencia perpetrada contra líderes
opositores y manifestantes en Venezuela".
Ni uno solo de tales organismos y políticos se han movilizado jamás a favor de jóvenes
ni estudiantes: siempre lo han hecho a favor de intervenciones imperiales atroces contra gobiernos
democráticos o nacionalistas.
Mediante la perpetración de actos violentos, terroristas encapuchados
sólo intentan justificar un golpe de Estado, una intervención extranjera, o
el establecimiento de un “territorio liberado” que legitime una secesión de
los ricos estados fronterizos.
Terrorismo
de alquiler
Hace una década alerto contra
una infiltración paramilitar que
suplanta al hampa criolla, domina comercio informal y contrabando de
extracción, impone alcabalas, cobra
vacunas, trafica personas y estupefacientes, legitima capitales, regenta
bingos y casinos, compra empresas de transporte y de producción, asesina
sindicalistas agrarios y urbanos, y
que podría impedir la movilización popular (La paz con Colombia. Caracas,
Ministerio de Comunicación e Información, 2008).
He reiterado la advertencia en libros como La cuestión
colombo-venezolana, en colaboración con Iraida Vargas, Mario Sanoja, Eva
Golinger, Miguel Ángel Pérez Pirela y Sergio Rodríguez, con prólogo de Piedad
Córdoba, Caracas, Editorial Ipasme,
2012, y La invasión paramilitar. Operación Daktari, en colaboración con
Miguel Ángel Pérez Pirela, Caracas, Correo del Orinoco, 2012.
Estamos ante la materialización de estas advertencias. Una red de
agentes de perturbación focalizados en las principales alcaldías opositoras
no podría sostenerse durante casi un mes sin apoyo de una compleja red
terrorista. Lo advierte también en
inteligente artículo Julio Escalona:
4) El capital financiero transnacional se ha ido asociando al
narcotráfico, tráfico de armas, de personas, lavado de dinero, comercio de
esclavos, etc. Es probable que en lo descrito se pueda estar dando un vínculo
entre sectores financieros asociados a la oposición de extrema derecha,
precisamente, con el crimen transnacional y los problemas de seguridad que
azotan a la sociedad venezolana y a otras de nuestro continente
latinocaribeño. Esa asociación es otra de las fortalezas de la derecha
fascista que se mueve en Venezuela.
Por esas y otras vías el capital financiero se relaciona con la
formación de grandes ejércitos privados y en general a la privatización de la
guerra. Esos ejércitos privados han participado en las guerras de Irak,
Afganistán, Libia, Siria, Colombia; en la desestabilización de gobiernos,
invasiones, sicariato, atentados, sabotaje... Son ejércitos de mercenarios,
que eufemísticamente son llamamos “contratistas civiles”.
El microtráfico de drogas es una variante del crimen transnacional,
que como ya señalé se relaciona con la formación de pandillas, con los
enfrentamientos entre ellas, la generalización de atracos, secuestros exprés,
el sicariato y las más diversas formas de criminalidad. Esta es una de las
raíces de los problemas de seguridad en Venezuela, México, Colombia, EEUU...
Por supuesto, la seguridad tiene raíces internas (aun cuando hoy día es muy
difícil definir la frontera entre lo “interno” y lo “externo”); pero las
redes del crimen transnacional se van extendiendo por los intersticios de la
sociedad venezolana.
No es una simple amenaza circunstancial. Tiene una tremenda
significación estratégica como grave amenaza a la seguridad del Estado, a la
estabilidad de las instituciones y para la paz y la vida cotidiana de nuestra
sociedad, para la economía, para la salud, etc. Es un componente esencial de
la estrategia de desestabilización permanente.
5) Han aprendido de la política “social” basada en la dádiva y el
terror impulsada por Pablo Escobar y el “Chapo” Guzmán, inspirada en la más
antigua tradición mafiosa.
Apoyándose en el estímulo a los intereses individuales y a métodos
ilegales, orientados a socavar al Estado y las relaciones de solidaridad, los
grupos narco-paramilitares han venido perfilando algo así como una política
“social” mafiosa. Un aspecto es la política de “microcréditos”, que en su
desenvolvimiento puede vincularse con el microtráfico de drogas, que llegado
el caso puede suministrar fondos para cancelar los créditos recibidos. Es una
múltiple subordinación.
Usando los fondos acumulados a través de acciones delictivas van
distribuyendo “créditos” entre la población pobre con diversos fines
(consumo, microempresas, pequeños negocios, problemas familiares...), pero
con el claro propósito de construir redes de poder e ir suplantando al Estado
venezolano. Con los microcréditos, combinados con la extorsión, el chantaje y
el miedo, han ido echando las bases de una política “social” en
correspondencia, como ya dije, con la más antigua tradición mafiosa (“La
estrategia imperial de ingobernabilidad permanente contra el gobierno
bolivariano”, 05-03-2014).
El fenómeno también ha llamado la atención de Raúl Zibechi, en su
penetrante artículo “Derechas con look de izquierda”: En todo caso, las
derechas han sido capaces de crear un dispositivo “popular”, como el que
describe Rafael Poch, para desestabilizar gobiernos
populares, dando la impresión de que estamos ante movilizaciones legítimas
que terminan derribando gobiernos ilegítimos, aunque estos hayan sido
elegidos y mantengan el apoyo de sectores importantes de la población. En
este punto, la confusión es un arte tan decisivo, como el arte de la
insurrección que otrora dominaron los revolucionarios (Alai-América
Latina, 7-3-2014).
Debemos afrontarlo: así como las aspiraciones imperiales de dominar
nuestra industria de los hidrocarburos y la presencia paramilitar son
constantes con las que habrá que lidiar a largo plazo, también debemos prever
una prolongada alianza entre ambos factores para desatar una escalada de
violencia política, que se está sumando a la ya excesiva violencia del hampa
común.
La aparición de esta nueva violencia terrorista de origen político y
con conexiones internacionales obliga a considerar el problema de la
seguridad a la vez desde el punto de vista geográfico, social, económico,
político, estratégico, cultural e internacional, mediante la coordinación de
todos los órganos de los poderes públicos y todas las fuerzas sociales para
la adopción de medidas a la altura de la gravedad de la situación.
No termina de comprender la ultraderecha venezolana las dimensiones
del monstruo que está animando para la persecución de sus intereses
mezquinos. En la inauguración de la Conferencia Permanente por la Paz
convocada por el presidente Maduro, alertó José Vicente Rangel contra la
instauración en Venezuela de una “cultura de la muerte”. O la desactivamos, o
nos desactiva a todos. Colaboración especial para LatinPress®. LPs.
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