Regional - Mar 06/03/2012 | 12:00 am
18 órdenes de captura fueron libras en la mañana de este lunes por parte de la Fiscalía del Ministerio Público contra exfuncionarios de la Gobernación y otros particulares que prestaron sus cuentas personales para que les fuera abonado un dinero, haciéndose partícipes del escandaloso caso de supuesto defalco al Patrimonio del estado.
La información la dio a conocer la legisladora Zoraida Parra, al momento que se realizaba la interpelación por parte de la comisión de Contraloría del parlamento del secretario general de Gobierno, Julio César Hernández.
Pese a que la interpelación terminó en su primera parte y no pudo continuar por agresiones verbales de los asistentes al salón de sesiones, la diputada Parra dijo que "la comisión determinó que el secretario general no ha tenido la pericia de recomendar nada ante las presuntas irregularidades cometidas en su gestión. En el año 2010 y el 2011, a pesar de haber claras denuncias sobre la existencia de nóminas infiltradas como el caso de los cesta tickets, por cuanto esta es la segunda denuncia de la existencia de nóminas paralelas".
-- El interpelado, sin otro camino que tomar, admite que las personas implicadas actuaron con premeditación y alevosía en abuso de los cargos que estaban ejerciendo, por lo cual hay detenidas cinco personas y con órdenes de captura otros 18 presuntos imputados; sin embargo, el interpelado dijo desconocer las medidas correctivas, cuando es él quien supervisa, dirige, coordina y controla las dependencias señaladas en la Ley de Administración y quien debe informar al Gobernador sobre el funcionamiento de todos esos entes --, destacó Parra.
Dijo la legisladora del Psuv, que según la verificación del secretario general de Gobierno, "elude y dice que él hace la supervisión integral de todos los organismos y dijo que en el hecho en particular, él no pudo tener acceso a ninguna información de que estos hechos se estuviesen cometiendo en los diferentes trimestres del año 2011, lo cual deja evidentemente muy entredicho la actuación del Secretario General de Gobierno, cuando se encuentra en posesión del cargo desde el 17 de mayo del año 2010 y ha podido conocer a los tres directores que antecedieron al recientemente director Felipe Montilla, quienes incurrirían en irregularidades atinentes a su cargo".
-- Con los antecedentes existentes, el ciudadano secretario general de Gobierno no ha actuado de manera diligente; por el contrario, la omisión, la impericia y la falta de diligencia deberán ser determinadas como presunta corresponsabilidad en todos los actos cometidos hasta ahora, donde serán los tribunales de la República quienes determinen en última instancia el hecho punible y los propios actores, en primera línea, en los Tribunales, como las 18 órdenes de captura que hasta ahora pesan sobre algunos funcionarios y otros particulares que prestaron sus cuentas personales para que les fuera abonado un dinero --, acotó.
Destacó la legisladora que en los espacios del Consejo Legislativo, así como en la Asamblea Nacional, donde se adelanta una investigación sobre otras 25 personas, pudiera determinarse realmente qué otros funcionarios inmediatos, como el Procurador, el secretario de Gobierno y el propio Gobernador, tuvieron la presunta corresponsabilidad en estos hechos.
-- Sabemos de las 18 órdenes de captura emitidas por la Fiscalía para el Cicpc; quedó despejado que el secretario admitió la vulnerabilidad del sistema, la violación cometida contra el sistema, el abuso a la confianza en los cargos de dirección, y que el Gobierno de Pérez Vivas no ha puesto coto a la corrupción, cuando no ha implementado medidas correctivas y asentado precedentes cuando se han presentado hechos similares --, aseguró Zoraida Parra.
Aclaró que los manuales de procedimientos establecidos también fueron violentados en su integridad, "pero que no hubo a tiempo controles que pudieran evitar que el patrimonio del Estado fuera afectado; la auditoria fue hecha tardíamente el nueve de enero".
-- El secretario general de Gobierno dijo haber conocido de estos hechos el nueve de enero, cuando solicitó al órgano de control fiscal interno, y el Procurador señaló que lo había conocido el 13 de febrero, un mes después que el Gobernador actuara --, advirtió Parra.
La información la dio a conocer la legisladora Zoraida Parra, al momento que se realizaba la interpelación por parte de la comisión de Contraloría del parlamento del secretario general de Gobierno, Julio César Hernández.
Pese a que la interpelación terminó en su primera parte y no pudo continuar por agresiones verbales de los asistentes al salón de sesiones, la diputada Parra dijo que "la comisión determinó que el secretario general no ha tenido la pericia de recomendar nada ante las presuntas irregularidades cometidas en su gestión. En el año 2010 y el 2011, a pesar de haber claras denuncias sobre la existencia de nóminas infiltradas como el caso de los cesta tickets, por cuanto esta es la segunda denuncia de la existencia de nóminas paralelas".
-- El interpelado, sin otro camino que tomar, admite que las personas implicadas actuaron con premeditación y alevosía en abuso de los cargos que estaban ejerciendo, por lo cual hay detenidas cinco personas y con órdenes de captura otros 18 presuntos imputados; sin embargo, el interpelado dijo desconocer las medidas correctivas, cuando es él quien supervisa, dirige, coordina y controla las dependencias señaladas en la Ley de Administración y quien debe informar al Gobernador sobre el funcionamiento de todos esos entes --, destacó Parra.
Dijo la legisladora del Psuv, que según la verificación del secretario general de Gobierno, "elude y dice que él hace la supervisión integral de todos los organismos y dijo que en el hecho en particular, él no pudo tener acceso a ninguna información de que estos hechos se estuviesen cometiendo en los diferentes trimestres del año 2011, lo cual deja evidentemente muy entredicho la actuación del Secretario General de Gobierno, cuando se encuentra en posesión del cargo desde el 17 de mayo del año 2010 y ha podido conocer a los tres directores que antecedieron al recientemente director Felipe Montilla, quienes incurrirían en irregularidades atinentes a su cargo".
-- Con los antecedentes existentes, el ciudadano secretario general de Gobierno no ha actuado de manera diligente; por el contrario, la omisión, la impericia y la falta de diligencia deberán ser determinadas como presunta corresponsabilidad en todos los actos cometidos hasta ahora, donde serán los tribunales de la República quienes determinen en última instancia el hecho punible y los propios actores, en primera línea, en los Tribunales, como las 18 órdenes de captura que hasta ahora pesan sobre algunos funcionarios y otros particulares que prestaron sus cuentas personales para que les fuera abonado un dinero --, acotó.
Destacó la legisladora que en los espacios del Consejo Legislativo, así como en la Asamblea Nacional, donde se adelanta una investigación sobre otras 25 personas, pudiera determinarse realmente qué otros funcionarios inmediatos, como el Procurador, el secretario de Gobierno y el propio Gobernador, tuvieron la presunta corresponsabilidad en estos hechos.
-- Sabemos de las 18 órdenes de captura emitidas por la Fiscalía para el Cicpc; quedó despejado que el secretario admitió la vulnerabilidad del sistema, la violación cometida contra el sistema, el abuso a la confianza en los cargos de dirección, y que el Gobierno de Pérez Vivas no ha puesto coto a la corrupción, cuando no ha implementado medidas correctivas y asentado precedentes cuando se han presentado hechos similares --, aseguró Zoraida Parra.
Aclaró que los manuales de procedimientos establecidos también fueron violentados en su integridad, "pero que no hubo a tiempo controles que pudieran evitar que el patrimonio del Estado fuera afectado; la auditoria fue hecha tardíamente el nueve de enero".
-- El secretario general de Gobierno dijo haber conocido de estos hechos el nueve de enero, cuando solicitó al órgano de control fiscal interno, y el Procurador señaló que lo había conocido el 13 de febrero, un mes después que el Gobernador actuara --, advirtió Parra.
Agusto Medina.
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