URIBE EN LA LUPA.....

From: maria pizarro <alunitatierra@yahoo.com>
Date: Fri, 21 Jan 2011 01:19:10 -0800 (PST)
Subject: Cuenta regresiva a la inmunidad de Uribe  ¡lo que faltaba,
esta es la tapa ¡
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Cuenta regresiva a la inmunidad de Uribe
Un juez federal dio un plazo de un mes al gobierno de Estados Unidos
para que se pronuncie sobre la inmunidad que eximiría al ex presidente
Alvaro Uribe de declarar en un proceso civil contra la empresa
Drummond sobre el presunto asesinato de campesinos en Colombia, según
un despacho de Gerardo Reyes, para El Nuevo Herald divulgado este
martes.
El juez del Distrito de Columbia, John Bates, informó el lunes al
Departamento de Estado que si considera intervenir en el proceso, lo
deberá hacer antes del 11 de febrero.
El Departamento de Estado ha dicho que continúa analizando la situación.
El lunes, el abogado demandante, Ted Collingsworth, radicó un recurso
en el que insistió en que Uribe debe declarar dado que tiene
“información factual exclusiva” sobre las ejecuciones extrajudiciales
de los campesinos.
Según Collingsworth, Uribe apoyó a la filial de la Drummond en
Colombia y a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que recibieron
pagos de la empresa para cometer los asesinatos.
“No sólo el gobierno de Uribe fue notorio por su abierta relación y
apoyo a las AUC, el señor Uribe presuntamente dirigió a miembros de
Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) que se involucraron en
actos ilegales ayudando a las AUC y persiguiendo a supuestos
izquierdistas”, escribió el abogado que representa a los familiares de
las víctimas en Estados Unidos.
Collingsworth aportó al expediente un reporte clasificado de la
Agencia de Defensa de Estados Unidos de 1991, en el cual se afirma que
Uribe colaboró con el cartel de Medellín y era amigo personal del jefe
de esa organización, Pablo Escobar.
El reporte, que fue revelado en el 2004 por la revista Newsweek, fue
rechazado por Uribe en su momento alegando que el reportero de la
revista, Joseph Contreras, “ni los contrincantes de Uribe, ni ningún
organismo de inteligencia nacional o internacional lograron aportar
una sola prueba que diera la más mínima credibilidad a tales
acusaciones”.
Desde el 12 de noviembre, el embajador de Colombia pidió a Washington
que expida una carta de sugerencia de inmunidad argumentando que Uribe
está exento por ser ex jefe de Estado.
Uribe fue notificado de la diligencia cuando salía de impartir clases
en la Universidad de Georgetown, en Washington, D.C., para que declare
en un caso de indemnización contra la empresa carbonífera
estadounidense Drummond Company, Inc., y los directivos de su filial
en Colombia, Augusto Jiménez, Alfredo Araújo y James Adkins.
El ex presidente no se presentó al interrogatorio el 22 de noviembre.
La demanda alega que la empresa pagó a los paramilitares de las AUC
para detener el avance de la guerrilla y como resultado decenas de
pobladores, que vivían en terrenos colindantes a la línea de
ferrocarril que opera la firma, fueron asesinados.
El abogado de Uribe, Gregory B. Craig, argumentó la semana pasada que
éste no está obligado a testificar sobre acciones de su gobierno y que
sólo lo estaría, según la jurisprudencia, si se tratara de actos
privados, comerciales o de hechos materiales de los cuales fue testigo
exclusivo, nada de lo cual se aplica a este caso.
Wollingsworth respondió que Uribe es la única persona de su círculo
que los demandantes han podido citar en Estados Unidos “porque decidió
venir a este país para obtener beneficios disponibles para él aquí”.
Agregó que Uribe tiene una relación directa con la empresa y que su ex
asesor Fabio Echeverri recibía pagos de la Drummond.
“Es posible que Uribe sepa si Drummond hizo esos pagos para facilitar
la cooperación del ejército colombiano y de las AUC”, escribió
Collingsworth.
La última palabra sobre la declaración de Uribe la tiene el juez
Bates, quien ha tomado algunas decisiones que han tenido notoriedad a
nivel nacional.
Al menos una de ellas alude a una situación similar a la que se ha
planteado en torno a la inmunidad de Uribe.
Durante el escándalo de los despidos de fiscales del Departamento de
Justicia por razones políticas, Bates falló que la Casa Blanca no
puede ignorar las órdenes de comparecencia de los asesores del
presidente.
Bates, nombrado en el 2001 por George H. Bush, participó como fiscal
en la investigación del escándalo de Whitewater que involucró al
presidente Bill Clinton y a su esposa Hillary, quien tendría que
firmar la solicitud de inmunidad para Uribe.
También fue noticia un fallo suyo que rechazó la demanda de la Oficina
de Responsabilidad del Gobierno, para que se revelaran los documentos
del Grupo de Trabajo de Energía del vicepresidente Dick Cheney.
Bates sólo es responsable de resolver la discusión legal sobre la
comparecencia de Uribe, pues el caso principal se tramita en una corte
federal de Alabama, donde está la sede principal de Drummond.