Crisis en España: “A la Puta Calle”

Por Juan Carlos Pereyra

Si a Gilberto Martínez (50 años), cubano, le hubieran dicho lo que iba a vivir en España, no lo hubiera creído, quizás hubiese anotado el comentario en la lista de la propaganda castrista. El pasado 7 de mayo, la policía española procedió a desahuciarlo a la fuerza de la vivienda que habitaba en Alicante, junto a su esposa y tres hijos.

Gilberto es uno de los 115 opositores que junto a más de 600 familiares salieron de prisión luego de un arreglo entre los gobiernos de Cuba y España, gracias a la mediación de la iglesia católica, luego de conversar con las Damas de Blanco.

“Yo solo pido ahora que me manden para Cuba”, demandaba entre sollozos, escribió el reportero de El País.

Con casi 3 años de estancia en la península, Gilberto no ha encontrado trabajo -edad y falta de preparación técnica conspiran contra él- y ha subsistido gracias a que, hasta poco, disponía de 995 Euros mensuales, una parte proveniente de la Cruz Roja y la otra del gobierno. Insostenible para una familia de cinco personas.

Pero “Ahora no tenemos ayudas de ningún tipo”, declaró al citado medio y agrega que si “en Cuba me dicen lo que pasaba en España me hubiera quedado allí”. Otros presos que fueron liberados optaron por permanecer en la isla e incluso persisten en sus posiciones políticas. La salida no fue obligatoria.

El proceso de excarcelación comenzó cuando autoridades eclesiásticas cubanas consultaron, preso por preso, su decisión. Este particular fue comprobado por diplomáticos españoles en el aeropuerto internacional de La Habana donde preguntaban a cada ex-prisionero si viajaban por propia voluntad o habían sido sometidos a presiones. No hay constancia de que alguno manifestara condicionamientos.

Pero todo eso es agua pasada que ya no mueve el molino de sus vidas. Ahora él y su familia ven como su condición de persona ha sido reducida a un número más que añadir a la cifra de desahucios, que el año pasado alcanzaba la cota de 32,500, de los cuales prácticamente la mayoría son ciudadanos nacidos en España. Gilberto y estos miles son personas con derechos, entre ellos la vivienda, que es básico. ¿O no?

“Nos trajeron engañados, estamos en la calle, hemos ido de un sitio a otro y lo único claro es que los políticos se tapan con la misma colcha, y no arreglan nada”, declaró al constatar la cruda realidad. Gilberto anota la falta de ayuda al cambios de gobierno.

Pero el problema no es de partidos políticos, responde a una crisis más profunda en la cual todas las formaciones y banderías tienen responsabilidad: se trata de una crisis sistémica en la que los viajeros de primera clase, como en el Titanic, son los privilegiados para salvarse mediante el reducido número de botes. Eso del 1 por ciento y el 99 por ciento no es un eslogan. Pura realidad.

“Salvar bancos y finanzas, el resto a la puta calle”, comentó a esta corresponsalía un madrileño en una placita amable en la Avenida de San Bernardo. Cuando le cité el caso de los cubanos añadió el trágico de la señora que meses atrás se lanzó de su apartamento; y narró la otra parte de la historia: la de aquellos que tenían sus viviendas bajo el régimen de hipotecas –otros miles, por cierto—y que al no poder pagar pierden todo lo que han ido solventando; los bancos se quedan con las viviendas y más duro aún: al ser ciudadanos insolventes quedan sin crédito en un mundo que se mueve con tarjetas plásticas… “Así es la globalización”, sentenció el interlocutor. Pero el asunto no es la globalización, sino cómo y quiénes la manejan.

El fenómeno de los desahucios ha dado origen a una organización llamada “Stop desahucios”, que ha sido solidaria con la familia de Martínez enfrentando a la acción policial con gritos y denuncias en el barrio alicantino donde residía.

Cuando la policía procedió al desalojo, compatriotas cubanos y ciudadanos españoles miembros de Stop desahucios se opusieron y algunos se enfrentaron a los uniformados. Tres de ellos –dos hombres y una mujer, cubanos- fueron apresados, llevados ante los tribunales y juzgados bajo los cargos de atentado a la autoridad con agravante. La sanción fue menor de los dos años por lo que no tendrán que estar en prisión.

¿Bajo qué techo se cobijará esta familia de compatriotas? ¿Dónde podrán encontrar trabajo en un país en el que más de 6 millones de personas están en paro, cifra que representa el 27,2 por ciento de la fuerza laboral? ¿A qué país de la Europa defensora de los derechos humanos podrá viajar y encontrar donde laborar para alimentar y dar cobijo a su familia? La Eurozona muestra una cifra de 12,1 por ciento de parados, cifra elocuente de un potencial de disidencia considerable.

Fuente: http://bit.ly/13j86Cj