Hace unos días señalé que los medios de comunicación españoles dejaban entrever dos escenarios posibles en Venezuela, uno era preparar la justificación de la derrota, el otro, preparar un golpe de Estado. La victoria de Maduro por un margen menor del esperado, ha inclinado el tablero de guerra hacia la segunda dirección. Hay que tener en cuenta que este plan B de la oposición venezolana ha sido siempre el plan A de las oligarquías y del imperio, pero el carisma y el liderazgo del presidente Chávez, así como la construcción de un proyecto de hegemonía popular, le hacían ganar las elecciones con un margen suficiente como para que la estrategia del golpe fuera arriesgada -la relación costes-beneficios era desfavorable en una situación de guerra civil-; digamos que la correlación de fuerzas estaba demasiado escorada hacia el proyecto bolivariano.
Después del fracaso del golpe de abril del 2002 y la huelga petrolera contra el gobierno de Chávez la oposición, probablemente con el adecuado asesoramiento externo, entendió que el “clásico” golpe latinoamericano debía ser matizado, diversificado y adaptado a la coyuntura. Conseguir un resultado ajustado ha formado parte de la ‘construcción’ de las condiciones preparatorias de un golpe de Estado con posibilidades de triunfo. Para lograrlo, el trabajo de las corporaciones mediáticas es fundamental, no suficiente sin duda, pero imprescindible en su tarea de bombardeo de conciencias y del sentido común. En un país como Venezuela, con el 80 % de los medios en manos de la oposición (aproximadamente un 70 % de las audiencias) podemos decir que la artillería disparaba en casa. Fuera de Venezuela las corporaciones mediáticas, en general, comparten intereses con sus pares venezolanos o tienen capital norteamericano. Durante años han cañoneado sobre la credibilidad del proceso electoral, generando dudas, cuestionando al CNE, alimentando rumores y temores y mintiendo abiertamente. Poco ha importado que hasta la propia oposición recurriera al sistema electoral y al CNE (que en Venezuela es un poder independiente del Estado) para elegir como candidato de la oposición al propio Capriles (en unas elecciones ‘primarias’ entre varios precandidatos), ni que haya reconocido casi inmediatamente los resultados cuando las diferencias de voto eran elevadas. Una sospecha se esparce y germina fácilmente ocultando cualquier contradicción lógica. Los medios de comunicación se ocupan de diseminar sospechas y agregar las conciencias de los ciudadanos en torno a un tema: el sistema electoral.
En el caso de estas elecciones se ha trabajado profusamente en el cuestionamiento del sistema electoral y las instrucciones, no podía ser de otro modo, partieron del Departamento de Estado norteamericano. El 16 de marzo la sub secretaria de Estados Unidos (EEUU), Roberta Jacobson, dio unas declaraciones públicas dudando de la transparencia y la seguridad del sistema electoral venezolano, e inmediatamente después, el discurso de Capriles adoptó esa consigna. Los periodistas han lanzado sus proyectiles hacia ese objetivo a lo largo de toda la campaña. En vez de contrastar las declaraciones de la oposición, por ejemplo, con el informe de la Fundación Carter que afirma que el sistema electoral venezolano es el más fiable y transparente, por encima del de EE.UU., “el mejor del mundo”, según palabras del propio Jimmy Carter, o recurrir a los informes de los cientos de observadores y acompañantes extranjeros (de todas las ideologías y partidos) que en cada votación han declarado sobre la fiabilidad y limpieza del sistema… los periodistas han reproducido -sin parar- las consignas de la oposición.
El no reconocimiento de los resultados estaba ya anunciado en caso de que el margen no fuera muy amplio. De hecho los medios de comunicación españoles cubrieron la acción de 40 estudiantes y recogían en el titular las declaraciones de ellos: “Esperamos que Capriles esté a la altura y no reconozca los resultados si hay fraude”; lo mismo debió de decirle el Departamento de Estado (de EEUU), cuyo portavoz, Patrick Ventrell, se ha negado a reconocer la victoria de Maduro, respaldando de ese modo la vía desestabilizadora y permitiendo ganar tiempo a la estrategia golpista.
Otra de las condiciones necesarias para el golpe ha sido ganar en la correlación de fuerzas, conseguir el suficiente apoyo popular, aunque no se ganaran las elecciones, como para que, dentro y fuera de Venezuela, los conflictos fueran vistos por la opinión pública como “inevitables”. El trabajo más sistemático se ha hecho en este campo. Incluso cuando el presidente Chávez ganaba ampliamente los medios no dejaban de repetir que Venezuela estaba dividida en dos mitades, que el presidente crispaba al país etc. Esta construcción siempre se ha matizado asignando a los seguidores chavistas la etiqueta de provocadores, extremistas, etc. mientras que los seguidores de Capriles han sido presentados como pacíficas víctimas que sufrían injustamente el abuso de poder del Estado. Ganar en la correlación de fuerzas ha permitido además la operación de marketing que le da a Capriles un aire popular del que carece -tanto por extracción social como por los recursos que exhibe-.
La victoria reducida de Maduro y la toma del poder, tal y como corresponde según las leyes venezolanas, han permitido recrear la imagen de extremismo que pudiera “justificar” a ojos de la opinión pública internacional los conflictos provocados por la oposición. Aquí los medios han trabajado sobre la idea de “pacto”, homologando el chavismo a los demás partidos, en los que al no haber ideologías o proyectos antagónicos, todo se puede pactar y negociar. Aunque no se ganaran las elecciones, si se conseguía suficiente apoyo popular se podía exigir al gobierno que pactara con la oposición. La opinión pública fácilmente cae en la trampa de parecerle lógico y de sentido común que si no hay diferencias grandes de votos se debería pactar. No cae en la cuenta de que se trata de dos proyectos antagónicos, uno de hegemonía popular, otro de hegemonía de las élites -aunque se presente con un discurso populista-. Negarse a pactar se presenta como una intransigencia que alimenta el estereotipo de autoritarismo para que sirva como argumento justificador de un golpe.
Sin lugar a dudas la petición de recuento total de votos es la principal arma a favor del golpe de estado. En primer lugar porque para la opinión pública internacional, incluida la progresista, resulta razonable una petición de ese tipo. Nuestra lógica básica funciona de la siguiente forma: si los resultados han sido tan ajustados y habiendo dudas sobre fraude no debe haber inconveniente en que se haga el recuento total, de esa forma se garantizaría la paz y se evitarían los disturbios en las calles. En segundo lugar no debería ser un problema esperar a asumir el poder hasta que se puedan confirmar los resultados. Sin embargo, todo esto que parece tan razonable, puesto el contexto venezolano es una trampa. Ni el CNE puede aceptar el recuento total del voto ni Maduro puede demorar su toma de posesión. Si el CNE acepta el recuento total de votos está aceptando que el sistema electoral venezolano (totalmente automatizado, con 14 auditorías en todo el proceso y con el 54 % de las mesas auditadas) no es fiable, que cabría la posibilidad de algún tipo de fraude.
Todo el sistema electoral es la garantía de la soberanía popular en Venezuela y no emite resultados provisionales o encuestas. Cuando emite los resultados es porque el recuento realizado ya hace irreversibles resultados de modo que cuestionar estos resultados significa cuestionar todo el sistema incluida la independencia del CNE. Cualquier irregularidad detectada, como en cualquier país que conozcamos, ha de ser dirimida en los tribunales, cosa que no ha hecho la oposición venezolana que ni siquiera ha formalizado su denuncia de fraude ni las reclamaciones. Por otro lado, el elegido presidente Maduro no puede dejar de asumir la presidencia pues implícitamente asumiría que el resultado no está claro y contribuiría a alimentar las dudas y la inestabilidad del país.
El objetivo de la oposición al no reconocer los resultados y pedir el recuento total no es “ganar las elecciones” sino ganar tiempo para la estrategia golpista. Se trata de abrir un período de incertidumbre para que las corporaciones mediáticas y los grupos de choque de la oposición hagan su trabajo desestabilizador. De hecho apenas medió tiempo entre la emisión de los resultados y los atentados de “seguidores de Capriles” a sedes del PSUV, ataques a los ambulatorios atendidos por cubanos, disturbios en las calles, etc. Se habla ya de 7 muertos y 61 heridos, y la oposición ha hecho varios llamados a la desobediencia civil.
La oposición venezolana no parece estar dispuesta a tomar el poder por las urnas de modo que trata por todos los medios de que el nuevo gobierno no se consolide. Los medios de comunicación en España así como el gobierno han cerrado filas alrededor de la oposición venezolana y despliegan toda la artillería. El ministro Margallo habla de un malentendido cuando pidió el recuento de los votos y de la interinidad de Maduro, probablemente las inversiones españolas en Venezuela le han llevado a matizar sus declaraciones; pero los medios, mucho más implicados con la estrategia golpista han repiqueteado las ideas de ‘limbo’ y ‘vacío de poder’.
En estos momentos el recuento total es la consigna que trata de invertir la correlación de fuerzas y los resultados electorales, se trata de hacer aceptable lo que no lo es. Los medios consiguen que el ganador de las elecciones sea el cuestionado, que los defensores de la legalidad vigente aparezcan como transgresores y que la violencia golpista se presente como expresión de la voluntad popular. Se lanzan los cuerpos de choque que pondrán en marcha una espiral de violencia y después la movilización de masas. Estos grupos violentos utilizarán la provocación (atentados, violencia callejera, etc.), si no obtienen respuesta aumentarán el nivel de provocación y si los chavistas responden estarán justificados en sus ataques (se estarán defendiendo). Por otro lado, estos grupos no pueden quedar aislados, por eso hay que sacar a las masas a la calle, de modo que no se pueda distinguir entre estos grupos y la gente ‘normal’. De ahí el llamado de Capriles a una marcha popular hacia Caracas. “El pueblo en la calle” servirá de justificación a los medios y a muchos intelectuales y académicos para dar la razón a la oposición.
La historia de América Latina es recurrente en la forma en que las élites se han perpetuado en el poder: o se ganan las elecciones o se toma el poder por fuera. Chávez y la Revolución bolivariana han torcido el brazo del imperio y sus socios durante demasiado tiempo, y el virus se ha ido extendiendo a otros países latinoamericanos. Parece pues que, contrariamente a lo que afirman algunos medios, ni la oposición venezolana ni el imperio saben esperar.
Ángeles Diez es Doctora en Cc. Políticas y Sociología, profesora de la UCM.
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