ONU reconoce más de 57.200 desaparecidos, víctimas buscan a cientos de miles
| Cada rincón de la tierra contiene el llamado de nuestros desaparecidos: arrancados a la vida para silenciar las voces que molestan a los hombres-caja- fuerte. |
Durante la última semana del mes de mayo 2011 se celebró en Colombia la Semana contra la Desaparición Forzada. El evento reunió en Bogotá a varias organizaciones sociales del pueblo colombiano, a representantes de organismos internacionales, a periodistas, y por supuesto a familiares de víctimas de la desaparición forzada: hizo presencia el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), Asfaddes (Asociación de familiares de detenidos desaparecidos), las Madres de la Candelaria, las Madres de Soacha, y muchos más. La semana contó con exposiciones, Galerías de la Memoria, conferencias, talleres, testimonios, intervenciones de funcionarios internacionales, representaciones artísticas, etc.
Durante los testimonios, las ponencias y los talleres quedó evidenciada esta terrible realidad: el Crimen de Estado de la desaparición forzada de la "democracia" en Colombia rebasa las dramáticas cifras de las dictaduras chilena y argentina. La cifra del informe de Medicina Legal de 38.255 desaparecidos en 3 años (1) evidenció una realidad que no se puede seguir esquivando: Colombia es trágico 'record' en el Crimen de Estado de la desaparición forzada.
El representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Christian Salazar, informó que la ONU estima que más de 57.200 personas han sido desaparecidas en Colombia (2), lo que es un reconocimiento por años esperado, aunque obviamente no refleja la amplitud del drama y se presuponen muchos más desaparecidos, como el mismo comisionado lo reconoció. No obstante, la cifra de La ONU de 57.200 desaparecidos permite darle un reconocimiento internacional a las víctimas; aunque evidentemente la estimación se queda corta, a la luz incluso de los informes de las propias entidades estatales que permiten una estimación muy superior; y se queda corta con relación a las víctimas, que buscan centenares de miles de desaparecidos. Más adelante en este texto ahondaremos en la cuestión de las cifras y la dificultad que enfrentan las víctimas de obtener reconocimiento.
Salazar señaló que los hechos involucran a "agentes del Estado y fuerzas paramilitares que colaboraban con ellos" y agregó "por décadas, miembros de la fuerza pública cometieron graves violaciones a gran escala, incluyendo ejecuciones extrajudiciales que en muchos casos estaban asociadas con desapariciones forzadas" (Ibíd.). El informe de mayo 2011 del CINEP revela que los asesinatos de civiles a manos de militares, los mal llamados “ejecuciones extrajudiciales” o “falsos positivos”, lejos de disminuir bajo la presidencia de Santos, han aumentado: el genocidio de intensifica (3).
Uno de los momentos más estremecedores de la reivindicación de la Semana contra la Desaparición Forzada fue la caminata de los familiares, el Movimiento de V íctimas de Crímenes de Estado, y varias organizaciones sociales que reclamaron a los desaparecidos de la Comuna 13 de Medellín: las víctimas de la Operación Orión. Orión fue una acción de muerte, tortura y desapariciones perpetrada por la combinación de militares y la herramienta paramilitar. Los familiares y organizaciones caminaron por la comuna 13 pese a las amenazas paramilitares: con flores, recitando poemas y exponiendo la realidad, invitaron a la vecindad a sumarse a la caminata. Algunos de los poemas y reivindicaciones declamados fueron:"Te quieren borrón en la memoria... una vieja sabia de la aldea enseña a deletrear alfabetos de justicia y solidaridad mientras escarbamos en escombreras, en fosas, debajo de las piedras de la infamia... En la roca de la historia vamos a grabar sus nombres"
"¡Somos familiares de desaparecidos y asesinados en la Comuna 13: Escarbando la Verdad, desenterrando la Justicia!" . "Durante el 2002, la Operación Orión contó con más de MIL hombres de la fuerza pública, que permitieron la conquista definitiva de Medellín por los paramilitares y la imposición del miedo y el terror" (4)
Las Galerías de la Memoria fueron expuestas en lugares como la Universidad pedagógica de Bogotá, generando interacción con el estudiantado de un país muy golpeado por la censura y manipulación mediática, la invisibilización de las víctimas y la persecución al pensamiento crítico. Varios estudiantes y profesores han sido víctimas de desaparición forzada, asesinatos o encarcelamientos para callar sus denuncias. El Colectivo Semillas de Dignidad y Memoria invita a las exposiciones de las galerías de la Memoria, con este poema: “Son tantos día a día los que simplemente no aparecen, que un día no cabrán en el suelo y brotarán y cubrirán todo este territorio. Y en un macabro recorrido exhibirán el verdadero rostro de la patria.. .”
Los desaparecidos son invisibilizados por un estado que quiere perpetuar el mecanismo genocida de acumulación de capital en pocas manos, bajo el manto de la impunidad. Un estado que pretende perpetuar la práctica del genocidio como viabilización del saqueo de los recursos, mediante constantes desapariciones de personas: estudiantes, campesinos, indígenas, sindicalistas, maestros, periodistas, artistas, ambientalistas, defensores de derechos humanos… todo aquel o aquella que reivindique contra la aberración que constituye que siendo Colombia unos de los países más ricos del mundo, su población sufra hambre. Arriesga su libertad y su vida aquel o aquella que alce su voz contra la injusticia social que arroja que 20.000 niños menores de cinco años mueren anualmente por desnutrición y carencia de acceso al agua potable en el 4to país con más riqueza hídrica del mundo. Colombia tiene índices de desigualdad social (coeficiente GINI) que la sitúan entre los países más desiguales del mundo, según datos de Naciones Unidas. Según Samuel Azout, alto consejero para la Prosperidad, Colombia sería hoy el cuarto país del mundo en desigualdad , con un índice Gini de 0,58. (5)
La desaparición forzada en Colombia: Crimen de Estado que satura el alma1. Cifras y suspiros: entre el esfuerzo estatal de borrar a los desaparecidos y el clamor de los familiares, la ONU reconoce al menos 57.200 personas desaparecidas
El crimen de Estado de desaparición forzada de la "democracia" en Colombia ha rebasado las dramáticas cifras de las dictaduras de Argentina y Chile reunidas: sólo en 3 años el Terrorismo de Estado ha desaparecido a 38.255 personas, según un informe de Medicina legal. Para una estimación total en los últimos 20 años de 250.000 personas desaparecidas, según lo denunció Piedad Córdoba (6). Las estimaciones de desaparición forzada son obviamente minimizadas desde el Estado; sin embargo ha debido reconocer la existencia de al menos 51.000 desaparecidos: “Al mes de noviembre de 2010, las estadísticas oficiales del gobierno de Colombia registran más de 51.000 Desapariciones” señala un reporte de 2011 de la US office on Colombia (7). En enero 2011 la Fiscalía publicó un informe (8): tiene documentados 173.183 asesinatos y 34.467 desapariciones forzadas, entre otros crímenes cometidos entre junio de 2005 y el 31 de diciembre de 2010 por la herramienta paramilitar. El informe de enero 2011 confirma las estimaciones de Piedad Córdoba de al menos 250.000 personas desaparecidas. Del informe de Medicina legal y del de la Fiscalía se deduce un promedio de 13.000 desaparecidos al año, perpetrados entre fuerza pública y herramienta paramilitar.
El lunes 23 de mayo 2011 el representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Christian Salazar, informó que la ONU estima que más de 57.200 personas han sido desaparecidas en Colombia, declaraciones dadas durante la celebración de la conferencia sobre desapariciones forzadas (ver 2).
2. Asesinatos de civiles a manos de militares en los macabros “falsos positivos” aumentan, arroja estudio de mayo 2011
El asesinato de civiles a manos de militares ha rebasado todo límite del horror en la figura de los “falsos positivos”: asesinatos de civiles perpetrados por militares que luego disfrazan sus cadáveres de “guerrilleros abatidos en combate”, ya hay 3.000 casos documentados de estos asesinatos que son impulsados por las recompensas que reciben los militares por cadáver presentado como una forma de incentivar el manejo de la barbarie y de aumentar las “victorias de guerra” por parte del estado colombiano (9). En mayo 2011 el CINEP publicó un informe en el que evidencia que los asesinatos de civiles a manos de militares, lejos de disminuir, han aumentado bajo la presidencia de Santos (10). Las Madres de Soachason Madres de niños y jóvenes asesinados por los militares en los montajes macabros de los “falsos positivos” que gracias a su tenacidad por encontrar a sus hijos desaparecidos y por denunciar estos crímenes de estado, han logrado hacer oír sus voces traspasando el muro de censura mediática nacional e internacional: varios de sus familiares han sido asesinados como represalia por sus denuncias, en un intento estatal de silenciar las voces de estas madres que no callan y siguen clamando justicia en medio de los atentados y del miedo. Claman justicia por sus hijos, y para que no se sigan produciendo estos asesinatos de civiles, que lastimosamente continúan incrementándose, ante la complicidad silenciosa de la comunidad internacional.
3. Las mayores fosas comunes del continente, la asesoría estadounidense y la reingeniería de la herramienta paramilitar
En Colombia, en la Macarena, departamento del Meta, se encontró en diciembre 2009 la mayor fosa común del continente americano, con 2000 cadáveres de desaparecidos: la gigantesca fosa se encuentra detrás del batallón de la fuerza Omega del Plan Colombia, que goza de estrecha asesoría estadounidense (11).
Es gracias a la tenacidad de los familiares y testigos que denunciaron durante años el genocidio, que se ha logrado hacer conocer esta realidad. La cantidad de víctimas arrojadas sin contemplación a la pretensión de olvido y desaparición llegó a ser tal, que la putrefacción de los miles de cadáveres se filtraba incluso al agua de beber, en medio de la impunidad y el silencio. Gracias a la visita de una delegación de parlamentarios y observadores británicos, el pedido de auxilio de los familiares de desaparecidos fue por fin escuchado. Las autoridades negaron la fosa en un principio; los mass-media silenciaron las denuncias. Pero gracias a la delegación, la Fosa se dio a conocer internacionalmente; el estado entonces intentó decir que los cadáveres eran de “guerrilleros abatidos en combate”, pero los familiares de desaparecidos desmintieron esa versión. En el 2010 se produjo la Audiencia a Testigos y familiares de desaparecidos de la región: fueron miles las denuncias de familiares y testigos evidenciando las desapariciones perpetradas por el ejército en connivencia con paramilitares. El estado por su parte procedió a acallar a los denunciantes: varios denunciantes fueron asesinados, entre ellos Norma Irene Pérez y Jhonny Hurtado (12), otros denunciantes han sido encarcelados bajo montajes judiciales, como es el caso de Marisela Uribe García, quién perdió sus bebés por torturas estando embarazada (13).
Posteriormente, finalizando el año 2010, se encontró otra fosa gigantesca con más 1500 cuerpos de desaparecidos:“Denuncian el hallazgo de al menos 1.505 cuerpos más en fosas comunes en Colombia, en el Meta, en la misma región que la mayor fosa común del continente (…) cuyos cadáveres son cuerpos de desaparecidos y asesinados por el ejército, como quedó evidenciado en las Audiencias públicas a testigos y familiares de desaparecidos” (14)
La barbarie se sigue intensificando día a día, y la fuerza pública y la herramienta paramilitar continúan asesinado, desapareciendo y masacrando, como lo denuncia el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado: “Las acciones del gobierno de Santos para encubrir el paramilitarismo (…) En la Política de Prosperidad Democrática la persistencia de los Crímenes de Lesa Humanidad se encubre bajo la denominación de Bandas Criminales, que es parte de la reingeniería paramilitar y la falsedad del espectáculo de las desmovilizaciones. Persistiendo el poder mafioso, político y empresarial en las estructuras paramilitares. (…) Continúa la criminalización de la protesta social, la judicialización de campesinos, estudiantes y defensores de DDHH, con la prolongación de la práctica de la desaparición forzada, de la violencia sexual, del control militar de la vida y del pensamiento crítico” (15).
4. Los hornos crematorios de la “democracia” colombiana: Desaparecer y salvaguardar apariencia democrática
La desaparición forzada cumple una función central en la estrategia de “disuasión de la reivindicación”, a la sociedad se le envía el siguiente mensaje: “el que persista en reclamar derechos sociales, económicos, políticos, correrá la misma suerte”. Este mensaje busca someter mediante el terror y viene acompañado del mensaje de la plenipotencia del estado que está en capacidad de desaparecer en plena impunidad. La desaparición forzada evidencia la impotencia que representa el encontrarse permanentemente vulnerable ante el poderío de un estado omnipotente en todas las instancias: la militar, la paramilitar, la legal, la administrativa. A la angustia por los sufrimientos del ser querido desaparecido se suma la impotencia de no obtener verdad ante entidades estatales. Son innumerables las trabas que encuentran los familiares de desaparecidos por parte del estado, para que sea reconocida oficialmente la desaparición de su familiar, en un intento estatal evidente de desaparecer no solo al desaparecido, sino al hecho de la desaparición en sí. La sociedad se ve triplemente vulnerada: es privada de un ser humano y sus ideas, es vulnerada en los procesos organizativos que constituyen el progreso histórico de las sociedades y es sometida a constatar la plenipotencia e impunidad de los victimarios. Familiares, testigos, abogados y en general denunciantes de desaparición forzada, son sistemáticamente víctimas de amenazas, torturas, cuando no de asesinatos o víctimas ellos mismos de desaparición forzada: la fuerza pública y su herramienta paramilitar activan cualquier mecanismo para conseguir impunidad (16).
La desaparición cumple además la funcionalidad “practica” para los estados represores de reducir las cifras de asesinatos. En Colombia varios jefes Paramilitares han confesado cómo desde los altos mandos militares y políticos ha sido enviada la orden de que desaparecieran “de cualquier manera” a las víctimas para no dejar rastros y evitar que las cifras de homicidios crezcan de manera desproporcionada en las zonas urbanas. Varios miembros de la Estrategia paramilitar han confesado que implementaron la utilización de criaderos de caimanes y de hornos crematorios para quemar a las víctimas, a veces vivas: “(…) Lo echaron vivo ahí (…) El horno lo manejaba un señor que le decían ‘funeraria’, creo que se llama Ricardo; dos señores le hacían mantenimiento a las parrillas y a las chimeneas, porque se tapaban con grasa humana”… confesó un paramilitar (17).
5. El encuentro de mayo 2011 y el reconocimiento de la desaparición forzada en Colombia
El representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Christian Salazar, informó que la ONU estima que más de 57.200 personas han sido desaparecidas en Colombia; dado que en el Registro Nacional de Desaparecidos figuran inscritas 57.200 personas. Estas declaraciones fueron dadas durante la celebración de la conferencia sobre desapariciones forzadas, en Bogotá, el lunes 23 de mayo 2011 (18). Salazar señaló que buena parte de los hechos involucran a "agentes del Estado y fuerzas paramilitares que colaboraban con ellos" y agregó "por décadas, miembros de la fuerza pública cometieron graves violaciones a gran escala, incluyendo ejecuciones extrajudiciales que en muchos casos estaban asociadas con desapariciones forzadas" (Ibíd. ). Para al menos 15.600 desaparecidos del total de 57mil 200 personas desaparecidas inscritas en el Registro, se conocería que los autores son agentes de la fuerza pública en connivencia con el paramilitarismo: la autoría de los demás casos no ha sido precisada; dada la inoperancia de las investigaciones sobre desapariciones forzadas. Varios paramilitares han confesado a la unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía al menos 34.467 desapariciones forzadas, entre otros crímenes cometidos en el escaso lapso de 5 años: entre junio de 2005 y el 31 de diciembre de 2010, como consta en el informe que la Fiscalía hizo público en enero 2011(ver 8). Hay una impunidad flagrante, y los familiares aún esperan las confesiones de varios jefes paramilitares extraditados a Estados Unidos, con la esperanza de conocer el paradero de sus seres queridos.
Según cifras reveladas por Organizaciones No Gubernamentales que participaron al evento de mayo 2011 sobre desaparición forzada en Colombia, entre las víctimas han registrado a más de tres mil mujeres y más de tres mil menores de 20 años.
En el encuentro se recalcó la gravedad de que sólo entre los años 2007 y 2009 se registraron más de 38.000 desapariciones según un informe ofrecido por Medicina Legal, organismo que coincide con Salazar en cuanto a la participación de agentes estatales y grupos paramilitares en la ejecución de estos delitos (18).
En Colombia durante 2009 se reportaron 18.236 casos de personas desaparecidas, cifra que evidenció un incremento de estos casos, puesto que para el 2008 la cantidad fue de 15.696 personas, 11.000 más que el año inmediatamente anterior, cuando se contabilizaron 4.323 desaparecidos. Este reporte sólo refleja la cifra de denuncias presentadas ante este departamento, por lo que el ente presume que la cantidad real de los casos sea superior. Representantes de distintas ONG en ese país aseguran que las desapariciones superan las 100.000 víctimas actualmente. Cabe tener presente la documentación presentada por la Fiscalía e n enero 2011: en el informe (ver 8) en revela que tiene documentados 173.183 asesinatos y 34.467 desapariciones forzadas, entre otros crímenes cometidos entre junio de 2005 y el 31 de diciembre de 2010 por la herramienta paramilitar (estas desapariciones deben ser tomadas en consideración).
Christian Salazar, portavoz de la ONU, expuso que la desaparición forzada "es una de las violaciones de los derechos humanos más graves" y Colombia "es uno de los países en América Latina y en el mundo con más desaparecidos". Comentó que "décadas de conflicto y de persecución estatal" han dejado "miles y miles de desaparecidos y con ello un sufrimiento prolongado de sus familias" (18). Precisó que "la lucha contra la impunidad no ha tenido un progreso (...) hay obligaciones pendientes de cumplir por parte del Ejecutivo, y en especial, por parte de la fuerza pública" (Ibíd.).
El funcionario de la ONU recordó que "Colombia adoptó la figura penal de la desaparición forzada en el año 2000 y ratificó el Estatuto de Roma, por el que se creó la Corte Penal Internacional (CPI), en 2002 con aplicación integral desde noviembre de 2009" (el estado colombiano firmó pidiendo un tiempo de no aplicabilidad por violaciones a DDHH).
Salazar lamentó la poca receptividad de parte del Ministerio de Defensa y del Ejército a las recomendaciones hechas por su Oficina para que ayuden a identificar a los desaparecidos y colaboren con la justicia. Sobre ambas recomendaciones no vemos progreso, acotó (19) , al tiempo que destacó la labor de los familiares de los desaparecidos para avanzar en la lucha contra ese crimen. El representante subrayó que en el 2005 Colombia ratificó la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada y, actualmente, el legislativo estudia la ratificación de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
No obstante la ratificación y estudio de ratificación de convenios internacionales, el crimen de estado de la desaparición forzada en Colombia sigue en dramático aumento: cabe resaltar el informe de mayo 2011 del CINEP que arroja que los asesinatos de civiles a manos de militares bajo la modalidad de “falsos positivos” (muchos de los cuales conllevan desaparición forzada), han aumentado bajo la presidencia de Juan Manuel Santos (ver 3).
6. Crimen de Estado: veredicto del TIO
El reconocimiento de la ONU de las “"décadas de persecución estatal" es un paso importante para las víctimas, siendo la desaparición forzada un crimen tipificado como Crimen de Estado de Lesa Humanidad que se ensaña particularmente contra los civiles, más específicamente contra los opositores políticos: un crimen de estado que se inscribe dentro de una lógica del terror, como se desprende del veredicto del TIO, Tribunal Internacional de Opinión: “LA DESAPARICION FORZADA UN CRIMEN DE ESTADO” , Veredicto. Senado del Congreso de la República. Bogotá 24, 25 y 26 de Abril de 2008 (20). El Veredicto del TIO condena por desaparición forzada al estado colombiano, al paramilitarismo, a los terratenientes y transnacionales y al gobierno de EEUU, así lo expresa:
“Sobre la base de todo lo considerado, en la parte motiva y en las pruebas recogidas (…) el Tribunal condena:
1. Al Estado colombiano y sus representantes por el incumplimiento de su mandato constitucional de garantizar la protección y el respeto de los derechos y libertades fundamentales a los ciudadanos y ciudadanas, tanto por omisión, permisión y acción directa. Por utilizar la desaparición forzada como arma política para eliminar al contradictor incurriéndose así en actos de terrorismo de Estado. Por los actos criminales y terroristas consideramos como crímenes de lesa humanidad cometidos en la detención y desaparición forzada por el ejercito, la policía y el DAS. Por su participación en la creación, e impulso de grupos paramilitares y por la complicidad en las acciones realizadas por estos grupos. Por establecer leyes que aseguran la impunidad de autores de las detenciones y desapariciones. Por la violación directa de las normas del Derecho Internacional en materia de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario.
2. A los paramilitares directamente implicados en las desapariciones forzadas y por imponer un estado de terror contra la población civil.
3. A los terratenientes, grupos empresariales y las transnacionales por apoyar y financiar los grupos paramilitares responsables en la detención y desaparición forzada.
4. Al gobierno de los Estados Unidos por el apoyo a políticas estatales violatorias a los derechos humanos vía Plan Colombia y Plan Patriota; igualmente por financiar las escuelas y programas a militares implicados en desapariciones forzadas y otros crímenes de lesa humanidad.”
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