Guerra y acumulación capitalista: Semántica, cosmética y genocidio
(Caso: Colombia) Azalea Robles
La paz con justicia social es un anhelo de los pueblos del mundo: sumidos en la miseria, la explotación y la represión que constituyen una guerra permanente contra el desarrollo social y la vida digna. El sistema capitalista, cuya lógica es monopolizar las riquezas en pocas manos en detrimento de las mayorías, constituye en sí mismo una forma de guerra permanente. El gran capital implementa la guerra contra los pueblos; una guerra económica que asesina cada día a 57.000 personas por hambre, el 90 % de ellas son niños.
Según el PNUD 10 millones de personas mueren cada año debido al hambre o las enfermedades derivadas de la malnutrición; hay en el mundo más de 925 millones de personas que pasan hambre; y se produce comida más que suficiente para todos los seres humanos (1). Jean Ziegler expresa la dimensión de esta guerra contra la humanidad: “cada cinco segundos, un niño de menos de diez años muere de hambre. 57.000 personas mueren de hambre cada día. 1.000 millones de personas son gravemente invalidadas o sufren secuelas graves por desnutrición. La agricultura mundial podría alimentar normalmente con 2.200 calorías diarias a 12.000 millones de personas, y sólo somos 7.000 millones. No existe una fatalidad objetiva en el hambre. Un niño que muere de hambre es un niño asesinado. El problema no es la producción sino el acceso, los precios. El hambre es pura violencia estructural, un orden caníbal del mundo.” (2)
En algunos puntos del planeta esta guerra económica implementada contra las mayorías despojadas y empobrecidas alcanza su paroxismo más atroz: son los lugares en que el gran capital acelera la fase de despojo y saqueo, ejerciendo la piratería más arrolladora, respaldada por la violencia de estados que le son funcionales, por la violencia de ejércitos mercenarios, de guerras de ocupación. Este paroxismo capitalista se plasma en países como Libia, el Congo, Irak o Colombia, por nombrar algunos. En esta serie de textos trataré de plantear algunas líneas de fondo para el necesario debate que es camino hacia una paz verdadera, con justicia social. Parto desde la premisa de que el hambre es guerra; la justicia social es paz.
1. Breves consideraciones sobre semántica y cultura de ‘aceptación del saqueo’ disfrazada de ‘cultura de paz’
En momentos en que las contradicciones entre acumulación de capital y supervivencia de la especie y del planeta alcanzan niveles ostensiblemente críticos, y en que el complejo militar-industrial necesita cada vez más guerras para seguir su crecimiento perverso -y por ello las fomenta a escala planetaria-, aparece como un imperativo ético y político el análisis de las guerras de manera medular: no podemos ya contentarnos con las explicaciones postizas y seudo antropológicas de “son guerras tribales”, o bien, “no hay cultura de paz en esos pueblos”: pronunciamientos cuya naturaleza destila colonialismo y constituye la argucia para evitar ir al centro del problema. Evidentemente hay plétora de seudo estudios basados en esas premisas cosméticas e indolentes a ojos de la cruenta realidad de la guerra que arrastra al sufrimiento a millones de seres humanos. Aquellos que tienen un altísimo interés en impedir la comprensión de la realidad, y por consiguiente la posibilidad concreta de transformación de la misma, financian estos tanques de pensamiento. Sería digno de aguaceros de risas en una representación de teatro grotesco, la existencia de “Estudios de Preservación del Medio Ambiente” financiados por la industria farmacéutica o petrolera, o bien la existencia de “Cátedras de Cultura de Paz” cuya línea se dedica a esquivar el análisis de la raíz de la guerra. Cátedras impartidas en Europa o EEUU, en países en los que radican las principales empresas fabricantes de armas, y las depredadoras energéticas: unas cátedras que se centran en enseñarles a becados provenientes de países como el Congo, Afganistán, Colombia, etc., la manera de ser más ‘pacíficos’, de ‘resolver los conflictos desde la civilidad’ y de ‘desarrollar una cultura de paz’, obviando olímpicamente que la guerra y la paz tienen raíces económicas y se desarrollan en contextos de desigualdad social, y no son meros asuntos de ‘cultura de paz’. Así los países que dedican millonarios presupuestos en guerras neocoloniales y cuya supremacía mundial radican en una historia de prácticas colonialistas y genocidas, muy lejanas de la cultura de paz que pregonan de fachada, imparten cátedras de asimilación mental a la cultura de la aceptación del saqueo más desmedido, a la vez que ‘bombardean humanitariamente’ en su relance colonial. Así los becarios de países que sufren la voracidad capitalista de las guerras por el saqueo de los recursos y por el posicionamiento geoestratégico, son adiestrados en la retórica que sirve para perder de vista el núcleo del problema; es el zorro enseñándoles a las gallinas con qué salsa deben ser comidas. Sería digno de risas en una representación de teatro grotesco, pero en la realidad y para las víctimas, es algo indignante.
Los apelativos “guerras tribales” y demás expresiones consagradas en el campo semántico destinado a prolongar el estatus quo, encubren guerras por la acumulación de recursos, guerras fomentadas con fines geopolíticos y económicos claramente definidos por los verdaderos ‘señores de la guerra’ que son los fabricantes de armas, los mercaderes de la energía, de la alimentación industrial, y las multinacionales de químicos, todos motores de la maquinaria depredadora del planeta.
Los países concebidos en la lógica global capitalista como meras ‘bodegas de recursos’, cada día sufrirán de manera más cruenta la violencia del saqueo y su correlativo empobrecimiento, que a la vez causa éxodos masivos. Hay una carrera del gran capital por hacerse cada día más con los recursos planetarios.
2. ¿Por qué debería interesar el caso colombiano a los pueblos del mundo?
El estudio del caso colombiano arroja luces indeclinables sobre la realidad mundial: como una muestra en quintaesencia del capitalismo. Por esta razón hay un constante esfuerzo mediático en tergiversar la realidad colombiana, en invisibilizarla e impedir la comprensión de una realidad que es una radiografía de las metástasis más atroces del sistema imperante. La resistencia del pueblo colombiano es asimismo tergiversada e invisibilizada en ese esfuerzo constante de los monopolios de difusión de realidad virtual de implementar la guerra mediática contra la comprensión de la realidad, haciendo ver a las resistencias populares como “terrorismo”. El estudio a las fuentes de los sujetos históricos y sociales deviene una verdadera hazaña en medio del amedrentamiento contra la investigación social y el pensamiento crítico: no obstante su peligrosidad, ese estudio es indispensable.
La realidad colombiana expresa al capitalismo en su rostro más desnudo: en ella se plasma el despojo y reacomodo territorial destinado a escala planetaria a todas las zonas que presenten un interés económico; una lógica capitalista que no admite escrúpulos y constituye un ecocidio doblado de un genocidio. Por esta razón es fundamental su conocimiento y análisis para los pueblos. Por ello también urge la solidaridad internacional en acompañamiento al pueblo colombiano. Urge el estudio de la realidad colombiana por motivos que atañen al devenir de la región, por motivos estratégicos para los pueblos en la lucha por su supervivencia, y por motivos éticos ante el gravísimo drama humanitario: cada día crece el crimen de Lesa Humanidad ante el cual el planeta no puede seguir impasible, legitimando un régimen de terror.
En Colombia es tangible la fase más descarnada de la acumulación capitalista, y las estrategias represivas son acicateadas en ese laboratorio del horror. La experiencia en estas estrategias del terror, alimentada por formadores estadounidenses e israelíes, e implementada en la carne del pueblo colombiano, es asimismo exportada como método de control social, sabotaje, exterminio de la reivindicación social y contrainsurgencia a países de la región (Honduras, México, Venezuela).
Las cifras son elocuentes: los niveles de represión estatal se expresan en la existencia de 9.500 presos políticos (3); en la eliminación física de todo un partido político: La Unión Patriótica (más de 5.000 personas asesinadas por las herramientas paramilitares y oficiales del Estado, consta ante la CIDH como genocidio político)(4). El exterminio contra la oposición política se expresa en que más de la mitad del total de sindicalistas asesinados en el mundo, son asesinados en Colombia, denuncia la CUT: “En Colombia se cometen el 60 % de los asesinatos de sindicalistas que se presentan en todo el mundo, por una violencia histórica, estructural, sistemática y selectiva que se convirtió en pauta de comportamiento del Estado colombiano: un genocidio contra el movimiento sindical”(5). En mayo 2012, el Tribunal Sindical Mundial condenó al estado colombiano: “por ser responsable de los hechos sistemáticos de violación del principio de libertad sindical, en calidad de autor directo, coautor, cómplice o encubridor de homicidios, lesiones, torturas, privaciones ilegítimas de la libertad, atentados, amenazas, despidos y represalias con motivo del ejercicio de la actividad sindical”(6).
La planificación de la acumulación de tierras mediante el despojo violento se expresa en la existencia de 5,4 millones de personas despojadas y desplazadas de sus tierras para beneficio del gran capital, millones de personas malviviendo en cinturones de miseria o campos de refugiados (7). El despojo continúa aceleradamente ya que el 40 % del territorio colombiano está pedido en concesión para proyectos de la minería multinacional; de las 114 millones de hectáreas que tiene Colombia, cerca de 45 millones están solicitadas para este fin (8).
El genocidio se plasma en unos niveles de desaparición forzada alarmantes: El 23 de mayo 2011, el representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Christian Salazar, informó que la ONU estima que más de 57.200 personas han sido desaparecidas en Colombia (9). El crimen de Estado de desaparición forzada, por parte de la “democracia” en Colombia, ha rebasado las dramáticas cifras de las dictaduras del Cono Sur: sólo en 3 años el Terrorismo de Estado ha desaparecido a 38.255 personas (Medicina legal) (10). Las estimaciones de desaparición forzada son minimizadas desde el Estado, sin embargo: “Al mes de noviembre de 2010, las estadísticas oficiales del gobierno de Colombia registran más de 51.000 Desapariciones”(11). En enero 2011 la Fiscalía publicó un informe (12): tiene documentados 173.183 asesinatos y 34.467 desapariciones forzadas, cometidos por la herramienta paramilitar, en un lapso de tan solo 5 años. Una estimación de Piedad Córdoba, basada en cotejo de informes y el conocimiento de la sistemática subvaloración de los registros oficiales cifró en unos 250.000 los desaparecidos en 20 años (13). A noviembre 2011 el Registro Nacional de Desaparecidos, reportaba un total de 50.891 casos de personas desaparecidas(14). En Mayo 2012, Yaneth Bautista, de la Fundación Nidia Erika Bautista, señaló que “en lo que va corrido del Gobierno Santos se han registrado oficialmente 500 desapariciones forzadas en Colombia, especialmente en Bogotá, Antioquia, Putumayo, Nariño y Valle del Cauca” (15). El observatorio de DDHH de la coordinación Colombia-Europa-EEUU, expresa en mayo 2012 que hay un “continuo aumento de los casos en el país (…) Las desapariciones forzadas han sido usadas históricamente como un instrumento de persecución política y de control social basado en el terror, perpetrado por agentes del Estado y por grupos paramilitares que actúan con su tolerancia, omisión y aquiescencia y que se benefician de la impunidad en la que permanecen los crímenes. (…) Las desapariciones forzadas forman parte de una práctica sistemática de ataques contra la población civil, que han sido funcionales al sostenimiento de las élites sociales, políticas y económicas del país”(16). Hay un esfuerzo estatal para subvalorar y configurar impunidad para el crimen de estado de la desaparición forzada: “El subregistro de casos de desaparición forzada, la impunidad que se consolida con diversos mecanismos legales y sociales y la presencia de los perpetradores, en las comunidades donde viven los familiares de personas desaparecidas, consolidan un marco que mantiene el trauma psicosocial (…) muchos casos no se denuncian por la mala administración de justicia, la ineficacia de los mecanismos de denuncia, el ambiente generalizado de temor e intimidación que viven los familiares de las víctimas, sus abogados, los testigos de las desapariciones(…)(17). A lo anterior se suma la iniciativa del Gobierno del presidente Santos que está promoviendo un nuevo marco normativo con preocupantes limitaciones a los derechos de las víctimas de desapariciones forzadas” (18).
La represión y exterminio contra la oposición política se plasma en el hallazgo de la mayor fosa común de Latinoamérica, detrás del batallón militar en la Macarena, con 2000 cadáveres de desaparecidos por la Fuerza Omega del Plan Colombia, fuerza que goza de estrecha ‘asesoría’ estadounidense (19).
Colombia sufre el ejército más enorme de la región: éste es campeón mundial en recepción de ayuda militar estadounidense, junto con Israel. La barbarie militar queda retratada en que al menos 3.345 niños y jóvenes civiles han sido asesinados por los militares para disfrazar sus cadáveres y utilizarlos en montajes militar-mediáticos destinados a la guerra sicológica y la inyección de terror, en los mal llamados ‘falsos positivos’. Estos crímenes de estado, incentivados desde el ministerio de defensa de Juan Manuel Santos por mecanismos de recompensas, continúan en la actualidad (20).
La herramienta paramilitar, funcional al gran capital, sigue su accionar en coordinación con las fuerzas oficiales. Bajo el gobierno de Santos ha gozado incluso de un rebautizo con la finalidad de perpetuarla; el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) denuncia: “Las acciones del gobierno de Santos para encubrir el paramilitarismo en su nueva etapa de reingeniería conocida con el eufemístico término de bandas criminales (BACRIM). La persistencia de los Crímenes de Lesa Humanidad se encubre bajo la denominación de Bandas Criminales, que es parte de la reingeniería paramilitar y la falsedad del espectáculo de las desmovilizaciones. Persistiendo el poder mafioso, político y empresarial en las estructuras paramilitares. (…) Continúa la criminalización de la protesta social, la judicialización de campesinos, estudiantes y defensores de DDHH, la prolongación de la práctica de la desaparición forzada, la violencia sexual.”(21)
Es con base en el terror que se perpetra el saqueo de los recursos, con su correlativo empobrecimiento. Lo que hoy sufre el pueblo colombiano es la aplicación de un modelo extractivista minero energético, un modelo de latifundios para la agricultura industrial -principalmente destinada a agrocombustibles-, que esteriliza los suelos, envenena las aguas y extermina poblaciones. Un modelo que se basa en el despojo, y que por consiguiente genera empobrecimiento y su lógico descontento social. La concentración de la riqueza es escandalosa: Colombia es el 3er país con más desigualdad social del mundo (22). Más de la mitad de la población colombiana sobrevive en la pobreza e indigencia. Hay 8 millones de indigentes y 20 millones de pobres (23). Mueren anualmente más de 20 mil niños menores de 5 años por desnutrición (24).
El movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado expresa en 2012: “Ante la magnitud del despojo de las tierras (más de 10 millones de hectáreas) usurpadas violentamente por la estrategia estatal, paraestatal y empresarial, a campesinos, comunidades afrodescendientes e indígenas, denunciamos la continuidad de la política del desplazamiento forzado de más de 5 millones de personas, como una estrategia de contra-reforma agraria, que establece un nuevo proceso de acumulación de tierras, consolidando la injusta asimetría sobre la propiedad de la tierra y con ella profundizando el conflicto social, político y militar. (…) El 0,4 % de los propietarios poseen más del 60 % de los predios, mientras el 57 % de la gente tiene menos del 2 % de los predios. Pero aún más grave es que el gobierno colombiano haya concesionado 39 millones de hectáreas a empresas multinacionales mineras.” (25)
En los siguientes capítulos ahondaremos en la tenencia de tierras a nivel mundial y la escalada de compra de tierras por multinacionales, ahondaremos en la injerencia estadounidense, con un recuento histórico, y veremos cómo las bases militares se siguen instalando pese al fallo de la Corte Constitucional, con contratos multimillonarios ya firmados de adecuación para las instalaciones. Ahondaremos en geoestrategia, planes de saqueo multinacional, infraestructuras de extracción de recursos (IRSA); analizaremos la forma en que se le da continuidad a la estrategia de terrorismo de estado y a la herramienta paramilitar con la finalidad de la adaptación territorial a los intereses del gran capital. Abordaremos otros puntos de ‘semántica y cosmética’ claves en la perpetuación del genocidio que viabiliza el expolio.
Notas:
1) 2010, PNUD: en el mundo 925 millones de personas pasan hambre. El FMI señaló que la crisis económica mundial ha motivado un retroceso en el cumplimiento de las MDM. De aquí a 2015 –año en que deberían cumplirse las MDM– es probable que aumenten en 1.200.000 las muertes de niños menores de cinco años por falta de alimento. http://www.fao.org/docrep/013/i1683s/i1683s.pdf
2) ‘Destrucción Masiva. Geopolítica del Hambre’ , Jean Ziegler, 2012
“El hambre no es una fatalidad, es un asesinato”, Jean Ziegler, ex relator especial de Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación y actual miembro del comité Consultivo de Derechos Humanos “el hambre es pura violencia estructural, un orden caníbal del mundo” que se extiende día tras día. Diez sociedades multinacionales controlan el 85 por ciento del comercio alimentario del mundo.
Jean Ziegler: “cada cinco segundos, un niño de menos de diez años muere de hambre. Son 57.000 personas las que mueren de hambre cada día. Al menos 1.000 millones de personas son gravemente invalidados o sufren secuelas graves por la desnutrición. Los informes que dan cifras, localización y edad de las víctimas dicen que la agricultura mundial podría alimentar normalmente con 2.200 calorías diarias 12.000 millones de personas. Sólo somos 7.000 millones. (…) Ahora no existe una fatalidad objetiva en el hambre. Un niño que muere de hambre es un niño asesinado. El problema no es la producción sino el acceso, los precios. En las barriadas periféricas, en Lima, Sao Paulo, Manila… donde viven 1.600 millones de personas, según el Banco Mundial en estado de extrema pobreza, las madres deben comprar con muy poco dinero la alimentación. Debido a la especulación alimentaria de los dos últimos años que hizo explotar los precios de los alimentos, el maíz aumentó un 63%, la tonelada de arroz de Filipinas un 94%, y la tonelada de trigo ha duplicado su precio. La consecuencia son los beneficios astronómicos de los hedge funds que han migrado de los mercados financieros, tras las inmensas pérdidas de los años 2008 y 2009, a las bolsas de materias primas, especulando descaradamente y legalmente con el maíz, el trigo, el aceite de palma… Y la otra consecuencia es la extensión de la miseria en el mundo. La muerte, la desnutrición progresa muy rápidamente en los barrios más pobres del mundo.” http://www.lavanguardia.com/libros/20120527/54300351384/jean-ziegler-hambre-espana-generacion-debiles.html
4)Exterminio física del partido político Unión Patriótica: más de 5.000 personas asesinadas por las herramientas paramilitares y oficiales del Estado, el genocidio consta ante la CIDH Plan “Baile Rojo”. Documental http://www.youtube.com/watch?v=QVL54FcZq5E&feature=gv
5) CUT: “En Colombia se cometen el 60% de los asesinatos de sindicalistas que se presentan en todo el mundo, por una violencia histórica, estructural, sistemática y selectiva que se convirtió en pauta de comportamiento del Estado colombiano: un genocidio contra el movimiento sindical colombiano.” Informe CUT, 2011: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=120921
Encuentro Nacional del Departamento De Derechos Humanos de la CUT I Semestre de 2012:
Workers Uniting rechaza asesinatos a sindicalistas colombianos
“El TSM resuelve: Condenar al Estado de la República de Colombia por ser responsable de los hechos sistemáticos de violación del principio de Libertad Sindical, en calidad de autor directo, coautor, cómplice o encubridor de homicidios, lesiones, torturas, privaciones ilegítimas de la libertad, atentados, amenazas, despidos y represalias con motivo del ejercicio de la actividad sindical.”
“5,195.620 millones de personas (1039.124 hogares) han sido desplazadas a la fuerza en Colombia.” En promedio cada año, unas 208.000 personas son desplazadas forzadamente. El 11,42 % de la población colombiana se encuentra desplazada de manera forzada. Más de 280 mil desplazados y 176 asesinatos selectivos en 2010: CODHES, Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (20-06-2011)
12) Informe Fiscalía, enero 2011: 173.183 asesinatos; 1.597 masacres; 34.467 desapariciones forzadas, y al menos 74.990 desplazamientos forzados, cometidos entre junio 2005 y el 31 de diciembre 2010 por el paramilitarismo: http://www.fiscalia.gov.co/justiciapaz/Index.htm
14). A noviembre de 2011, el Registro Nacional de Desaparecidos -órgano gubernamental- , reportaba un total de 50.891 casos (24% mujeres y 17% niñas y niños). De ese total, se presume que al menos 16.907 corresponden a desapariciones forzadas. Los demás casos inscritos no teniendo aún investigación suficiente. Los medios han manipulado la información haciendo aparecer que sólo 16.907 casos son desapariciones forzadas, cuando esa cifra revela los casos para los cuáles ha habido información concerniente a los perpetradores, los demás casos permaneciendo en la insuficiencia investigativa. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF), cifras noviembre 2011. El total del Registro Nacional de Desaparecidos, reporta 64.564 víctimas, de las cuales se restaron 11.215 personas aparecidas con vida y 2.458 personas aparecidas muertas.
La Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación reportó a mayo de 2011, un total de 32.000 casos de desapariciones forzadas cometidas por grupos paramilitares. Fundación Nidia Erika Bautista (FNEB), Situación de las Desapariciones Forzadas en Colombia: La desaparición forzada no es un crimen del pasado, Bogotá, mimeo, diciembre, 2011.
16) Mayo 2012, informe ‘Desapariciones forzadas en Colombia’, Coordinación Colombia- Europa- Estados Unidos: “Presenta la situación actual de la desaparición forzada en Colombia, mostrando el continuo aumento de los casos en el país, así como la persistencia de los patrones de persecución política y control social que han motivado históricamente las desapariciones forzadas en el país. (…) En Colombia las desapariciones forzadas han sido usadas históricamente como un instrumento de persecución política y de control social basado en el terror, perpetrado por agentes del Estado y por grupos paramilitares que actúan con su tolerancia, omisión y aquiescencia y que se benefician de la impunidad en la que permanecen los crímenes. Las desapariciones se cometen con el doble objetivo de acallar una voz disidente y, al mismo tiempo, enviar un mensaje claro y aleccionador al resto de la población para que se abstenga de mantener cualquier tipo de actividad de oposición o de cuestionar el orden político existente.” http://www.rebelion.org/docs/150986.pdf
17) Subregistro de la cantidad de personas desaparecidas en Colombia.Hay un esfuerzo por parte de estado para subvalorar y configurar impunidad para el crimen de estado de la desaparición forzada: “El subregistro de casos de desaparición forzada, la impunidad que se consolida con diversos mecanismos legales y sociales y la presencia de los perpetradores en las comunidades donde viven los familiares de personas desaparecidas, consolidan un marco que mantiene el trauma psicosocial (…) muchos casos no se denuncian por múltiples razones, entre ellas, la mala administración de justicia, la ineficacia de los canales y mecanismos de denuncia, el ambiente generalizado de temor e intimidación que viven los familiares de las víctimas, sus abogados, los testigos de las desapariciones(…)” http://www.rebelion.org/docs/150986.pdf
El impedimento para conocer la amplitud del drama de la desaparición forzada en Colombia, tiene obvias causalidades. Además del temor de los familiares de denunciar a las fuerzas paramilitares o a la misma Fuerza Pública ante entidades estatales comprometidas con la estrategia del terror e impunidad, hay una inoperancia sistemática de la ‘justicia’ en estos casos, obstaculizando investigaciones y procesos, hay fallas repetidas en la recolección de datos, pruebas forenses, inhumaciones, testimonios… hay temor, desidia, negligencia y obstaculización. “Esas fallas se hicieron aún más evidentes en mayo de 2011, cuando el Ministro del Interior dio a conocer los resultados de un estudio realizado por el Instituto Nacional de Medicina Legal, la Registraduría Nacional del Estado Civil y ese Ministerio, con el fin de cruzar las huellas dactilares tomadas a cadáveres de personas no identificadas, con las huellas de los documentos de identidad del registro nacional del estado civil. Los resultados son tan impresionantes como tristes. En total, se procesaron 22.689 necrodactilias (huellas de cadáveres) y se lograron identificar 9.968 personas, que estarían actualmente inhumadas como personas sin nombre en cementerios de distintas regiones. De ese total, tan sólo 440 personas figuran en el Registro Nacional de Desaparecidos. Los resultados fueron remitidos al Instituto de Medicina Legal, que se encargó de hacer cotejos dactiloscópicos, depurar los listados y oficiar a las autoridades judiciales con el fin de ubicar expedientes y los lugares de inhumación de las personas identificadas (…) en los registros de Medicina Legal sólo pudieron encontrarse 3.779 personas pues, en un número muy importante de casos, la información es confusa o inexistente, y hay fallas estructurales en la organización de los cementerios que impiden ubicar los restos de las personas enterradas sin nombre. En total, de las 9.968 personas identificadas mediante el cruce de huellas, sólo fue posible ubicar y entregar los restos de 49 personas enterradas en dstintos cementerios del país.”(Ibíd.)
La ley 1448 de 10 de junio de 2011, conocida como ley de víctimas, excluyó expresamente de la definición de víctima a los “miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley”. Eso significa que, por ejemplo, los miembros de las guerrillas (reales o supuestos) que hayan sido víctimas de desaparición forzada, no serían considerados como tales y sus familias estarían privadas de los derechos a la reparación y la verdad. (…) La ley 1453 de 2011, conocida como Ley de Seguridad Ciudadana, establece una serie de previsiones que debilitan los controles sobre la acción de la Fuerza Pública y que, en la práctica, podrían facilitar la comisión de desapariciones forzadas.(…)
El Gobierno colombiano se rehúsa a reconocer su responsabilidad en las graves violaciones de derechos humanos que se cometen diariamente en el país. Al contrario, mantiene una posición de injerencia indebida en las decisiones judiciales, particularmente cuando afectan la responsabilidad de altos mandos militares o de altos funcionarios gubernamentales.(…)
Preocupan las iniciativas legislativas del Gobierno que pretenden sustraer de la justicia a los más altos responsables de las violaciones de derechos humanos en el país, de un lado, mediante la persistente propuesta gubernamental de reforma a la justicia penal militar y, de otro lado, mediante el llamado Marco Jurídico para la Paz. (…). Los fuertes cuestionamientos realizados desde distintas instancias internacionales en relación con la propuesta(de Fuero Militar) , motivaron que el Gobierno decidiera retirarla a cambio de una nueva. La actual es aún peor pues, ya no sólo reforma el fuero militar sino todo el sistema de justicia penal militar: crea una defensoría técnica militar adscrita al Ministerio de Defensa, incluyendo un fuero carcelario y la ampliación del fuero militar para instalar un fuero policial.
“Denuncian el hallazgo de al menos 1.505 cuerpos más en fosas comunes en Colombia, en el Meta, en la misma región que la mayor fosa común del continente, con 2.000 cadáveres hallada en diciembre 2009, y cuyos cadáveres son cuerpos de desaparecidos y asesinados por el ejército, como quedó evidenciado en las Audiencias públicas a testigos y familiares de desaparecidos”http://www.rebelion.org/noticia.php?id=119299
20)‘falsos positivos’: son asesinatos de civiles perpetrados por el ejército, civiles desaparecidos cuyos cadáveres son presentados como“guerrilleros abatidos en combate” en montajes militares. Estos asesinatos son denominados en la jerga militar ‘falsos positivos’, porque los militares reportan como ‘positivo’ al cadáver del opositor insurgente, y en estos casos usan a civiles que previamente secuestran. De esta manera se implementa la guerra sucia y sicológica contra la población colombiana: a través de la exhibición incesante de cadáveres en los medios masivos, la mayoría de las veces en condiciones degradantes (en bolsas negras, alineados en el piso al pie de las botas). Para que siempre hayan cadáveres a exhibir, la directiva 029 impulsa a los militares a la presentación de los cadáveres a través de un mecanismo de recompensa por cadáver presentado. Degradando la humanidad del opositor, y con la permanente exhibición de cadáveres se busca la ‘disuasión por el terror’: hay al menos 3.345 casos documentados de estos asesinatos de civiles a manos de militares; y en la actualidad se siguen produciendo estos crímenes de estado.
Más de 3.000 civiles inocentes fueron asesinados por la Fuerza Pública entre 2002 y 2008. Informe sobre los falsos positivos: La guerra se mide en litros de sangre, FIDH y Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, 31-05-2012 http://www.rebelion.org/docs/150547.pdf
CINEP, mayo 2011, informe señala que los asesinatos de civiles a manos de militares han aumentado bajo el gobierno de Santos. Informe especial Falsos Positivos, El Cinep afirma que aumentaron las víctimas de asesinatos de civiles a manos de militareshttp://www.rebelion.org/docs/128090.pdf
“Entre 2002 y 2008, las ejecuciones extrajudiciales fueron llevadas a cabo a gran escala en todo el territorio nacional siguiendo un patrón específico de acción. Las víctimas fueron en su mayoría personas campesinas (…) En la gran mayoría de los casos, las personas fueron sacadas a la fuerza de sus casas por el Ejército, incluso teniendo como testigo a los familiares. Siempre que se acercaron a las bases militares a preguntar por la víctima, el Ejército se negó a entregar información sobre su paradero. No obstante, el cuerpo de la persona solía aparecer posteriormente reportado como guerrillero muerto en combate, sin documentos de identidad y a menudo, en un municipio distinto.(…) La manera coordinada en que actuaron las fuerzas militares en los casos de falsos positivos, denota el carácter deliberado de los crímenes cometidos. (…) De acuerdo con los datos de la Mesa de Trabajo sobre Ejecuciones Extrajudiciales del Observatorio de la CCEEU, se estima que entre 2002 y 2008, se cometieron 3.345 ejecuciones extrajudiciales, siguiendo este patrón. Muchos de estos cuerpos continúan enterrados como N.N. en diferentes cementerios del país, y en la práctica, se encuentran desaparecidos para sus familiares.
23) 8 millones de indigentes y 20 millones de pobres. El estudio de la Misión para el Empalme de las Series de Empleo (MESEP), Pobreza y Desigualdad 2009, contabilizó ocho millones de colombianos en la indigencia y 20 millones de pobres. En las zonas rurales, de cada 100 hogares 65 son considerados pobres y 33 viven en la indigencia. http://www.abpnoticias.com/index.php?option=com_content&task=view&id=244…
La nueva perla del Gobierno Nacional: en Colombia aquel trabajador que gane $190.000 al mes, ya no es pobre por arte de magia en la nueva medición de la pobreza. El Colectivo de Economía de la Universidad Nacional, se propone recoger las voces de aquellos afectados directamente por esta medida. Nuevo Umbral de Pobreza en Colombia: http://www.youtube.com/watch?v=b5dd5fzkJyM
Crece polémica por fórmula para medir la pobreza en Colombia, septiembre 14 de 2011
‘Con la vieja metodología, el ingreso máximo para ser considerado pobre era 281.384 pesos mensuales; para ser considerado indigente, era de 120.588 pesos’, ahora, por arte de magia de la nueva medición los que ganan menos de 281.384 ya no son considerados pobres, solo quien gana menos de 187.079 mensuales es hoy considerado pobre. ‘Con la nueva medición el gobierno reduce la cifras oficiales: Los 16,4 millones de colombianos clasificados como pobres tuvieron el año pasado (2011)un ingreso individual máximo mensual de 187.079 pesos, cifra que se reduce a 83.581 pesos para los 5,4 millones considerados indigentes. Las líneas de pobreza se redujeron en aproximadamente la tercera parte con respecto a las arrojadas en el 2009 con la metodología previa.’
Las nuevas cifras excluyen a millones de colombianos del registro, invisibilizan sus carencias: ‘Señalan que el año pasado la pobreza cubrió al 37,2 por ciento de los colombianos y la pobreza extrema, al 12,2 por ciento’, obviamente cifras muy inferiores a las mediciones con la metodología anterior. “Esa cifra y ese mensaje es una verdadera ofensa para la gente pobre; y a esos asesores yo estoy dispuesto a regalarles los 190.000 pesos para que nos vayamos a Corabastos o a cualquier supermercado para ver si hacemos un mercado para cuatro personas para un mes”, dijo Garzón.
2012 Pobreza en Colombia: Cifras y realidades. Cambiar la medición de la pobreza para eliminar la pobreza de las estadísticas, mientras crece en la realidad. Otro ‘Falso positivo’ del Santismo para mostrar buen gobierno mientras empobrece al país con la entrega de los recursos a las multinacionales y continúa el exterminio sindical y contra la oposición política. ¿Combatir la pobreza. o esconderla? El cambio de metodologías para la medición de pobreza no soluciona la realidad de los colombianos. http://www.youtube.com/watch?v=7SaExPWWEjA
25) El movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado expresa en 2012: “Ante la magnitud del despojo de las tierras (más de 10 millones de hectáreas) usurpadas violentamente por la estrategia estatal, paraestatal y empresarial a campesinos, comunidades afrodescendientes, indígenas, denunciamos la continuidad de la política del desplazamiento forzado de más de 5 millones de personas, como una estrategia de contra-reforma agraria, que establece un nuevo proceso de acumulación de tierras, consolidando la injusta asimetría sobre la propiedad de la tierra y con ella profundizando el conflicto social, político y militar. (…) El 0,4 % de los propietarios poseen más del 60 % de los predios, mientras el 57 % de la gente tiene menos del 2 % de los predios. Pero aún más grave es que el gobierno colombiano haya concesionado 39 millones de hectáreas a empresas multinacionales mineras.” http://www.movimientodevictimas.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1184:colombia-territorios-despojado-y-encarcelado&catid=50:6-de-marzo&Itemid=55
