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Por: David Brooks
No cesan las amenazas contra este país, según las cúpulas: La crisis económica europea, las tormentas eléctricas en el este, los incendios en el oeste, drogas, migrantes, crimen y, por supuesto, los extremistas de todo el mundo, pero también parece que el mismo pueblo, que supuestamente está defendiendo, también es amenaza potencial.
Cómo explicar que es el país más encarcelado del mundo y donde el gobierno ha erosionado sistemáticamente los derechos civiles –a la privacidad, a la libre expresión y a la libre asamblea pacífica, entre otros–, bajo la justificación de mantener el sagrado orden democrático que se encuentra, dicen, bajo amenaza de fuerzas sospechosas, todas de alguna manera incluidas en una cada vez más amplia definición de terrorismo.
Esto se ha utilizado en investigar y atacar a Wikileaks y al soldado Bradley Manning, así como a incontables –aun muchos no identificados– ciudadanos alrededor del mundo que fueron detenidos en cárceles clandestinas. También para hostigar a gobiernos no subordinados a Washington, entre ellos Cuba, Venezuela, Ecuador y Bolivia. Pero más asombroso es que se ha utilizado cada vez más en Estados Unidos contra ciudadanos. Se han infiltrado agrupaciones opositoras a las guerras de George W. Bush, y ahora de Barack Obama; contra periodistas que se han atrevido a publicar filtraciones sobre el manejo de estas guerras, contra migrantes y la comunidad musulmana en este país, y más recientemente contra integrantes del movimiento Ocupa. De nuevo, todo justificado para defender la democracia en este país.
Uno de los mejores ejemplos de lo extrema que se ha vuelto esta supervigilancia interna es lo reportado recientemente por un periodista de Wire: la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) –la oficina federal de espionaje más poderosa del gobierno– rehúsa informar a dos poderosos senadores federales a cuántos estadunidenses les ha intervenido sus comunicaciones, porque, explica en una carta en respuesta a los legisladores, eso en sí violaría la privacidad de los estadunidenses. O sea, quienes en el gobierno atropellan activamente la privacidad de los ciudadanos, al intervenir de manera clandestina sus comunicaciones, no pueden informar al Congreso sobre sus actividades, ya que ello ¡violaría la privacidad! David Sirota explica en Truthdig que los senadores sólo solicitaron una aproximación sobre el número de personas que tienen sus comunicaciones intervenidas por la agencia, no los nombres, pues se ha reportado que la NSA ha realizado un programa masivo de intervención de comunicaciones de millones de ciudadanos desde 2001.
Esta explicación, de que para vigilar y defender los derechos del pueblo estadunidense se están violando las mismas garantías, es, para Sirota, casi más extraordinaria que la famosa frase de la era de la guerra de Vietnam, cuando un joven periodista, Peter Arnett, de Ap, preguntó a un oficial estadunidense por qué se ignoró la gran posibilidad de bajas civiles al atacar un pueblito vietnamita, quien le respondió que se volvió necesario destruir el pueblo para salvarlo.
Después de por lo menos un billón de dólares gastados y cientos de miles de muertos –incluidos miles de estadunidenses– en estas guerras y operaciones de defensa de Estados Unidos desde el 11-S (los costos de las guerras en Irak y Afganistán podrían llegar a entre 3 y 5 billones de dólares, según algunos cálculos), resulta notable que un estadunidense corre un riesgo de 0.001 por ciento de ser víctima de terrorismo, reporta la revista The Atlantic –es decir, de los 13 mil 288 muertos por ataques terroristas el año pasado, 17 eran civiles estadunidenses. De los 978 secuestros relacionados con el terrorismo el año pasado, sólo tres rehenes fueron civiles estadunidenses (0.003 por ciento). De hecho, donde se logra identificar la afiliación religiosa de las bajas por actos de terrorismo, los musulmanes sufrieron entre 82 y 97 por ciento de las muertes relacionadas con terrorismo. Todo esto según datos oficiales del gobierno estadunidense, reporta Micah Zenko, especialista en estos asuntos, en la revista.
De hecho, Zenko y sus colegas, en un informe para el Consejo de Relaciones Exteriores (CFR, por sus siglas en inglés), reportan que desde el 11-S un total de 238 estadunidenses han muerto en atentados terroristas, o sea, un promedio de 29 por año. Señalan que para poner esto en contexto, el estadunidense promedio tiene la misma probabilidad de morir aplastado por sus televisores o muebles que de fallecer a manos de un terrorista. Agregan que desde el 11-S, en este país se han registrado casi 150 mil homicidios y 300 mil suicidios. De hecho, afirman que este país vive en un mundo con más seguridad y menos conflictos violentos que en cualquier otro momento de la historia humana. Por ello, argumentan, todo eso revela la inflación de amenaza que prevalece en Washington y una exageración crónica de amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos en el discurso oficial.
No es nada nuevo que las cúpulas políticas inflen las amenazas para lograr lo que desean. Noam Chomsky lo ha documentado una y otra vez, recordando que lo que más temen las cúpulas es a su pueblo y que para promover medidas contrarias a la voluntad popular siempre recurren a generar temor. Eso se ha empleado para justificar guerras e intervenciones desde hace décadas, primero con el uso de la amenaza comunista y en los últimos años con la del terrorismo. En 1947 un senador que presidía el Comité de Relaciones Exteriores aconsejó al entonces presidente Harry Truman cómo lograr su deseo de financiar fuerzas anticomunistas en Grecia y Turquía: Asuste de manera endemoniada al país.
Ahora, al parecer, esa cúpula (tanto la política como la económica) está dispuesta a emplear dicha lógica dentro de la respuesta del oficial en Vietnam, pero ahora aplicada aquí: para salvar a este país de estas amenazas a veces será necesario destruirlo.
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