(Augusto Medina)
A juicio del diputado oficialista en el CLE, Jonathan García, "son tan evidentes los altos niveles de corrupción en la Alcaldía de San Cristóbal, que no pueden ocultarlos, llegando al extremo de denunciarse entre ellos mismos porque al momento de percatarse los organismos competentes de las tremendas irregularidades, comenzaron a pelotearse las responsabilidades que terminaron en la Fiscalía 23 contra la corrupción, donde resultó imputado un grupo de funcionarios del ayuntamiento capitalino, entre ellos un familiar de la burgomaestre".
-- Los hechos denunciados fueron tipificados como delitos de corrupción que se habrían cometido en la administración del Instituto Municipal del Deporte y de la Recreación (Iamdere), por los cuales la Fiscalía practicó un allanamiento a la sede de la Alcaldía, con el fin de constatar las irregularidades que estaban siendo denunciadas por diferentes ciudadanos, las cuales fueron demostradas-, afirmó.
Jonathan García agregó que este procedimiento ya arrojó resultados y en este momento se encuentran imputados más de siete funcionarios, "por delitos vinculados a la corrupción, entre ellos el hermano de la alcaldesa, que comprometen de responsabilidad a la ciudadana Mónica García, por ser la cuentadante y quien nombra la directiva del Iamdere y debería haber estado vigilante de que estas situaciones irregulares no ocurrieran, pero dejó que este instituto funcionara sin contralor".
-- La Fiscalía 23 del Ministerio Público, apoyada en el Cicpc, luego de realizar las experticias en la Alcaldía y procesada toda la información, procedió a imputar a los funcionarios, como el presidente del Iamdere, el hermano de la alcaldesa; al administrador, así como a otros cuatro funcionarios, para quienes solicitan públicamente una medida privativa de libertad por riesgo de fuga-, dijo el diputado.
Aseguró que entre las irregularidades se encuentran: pagos a personas ajenas al Iamdere para beneficiar de manera triangulada a funcionarios de este instituto; entrega de recursos millonarios a funcionarios de la Alcaldía, quienes se han convertido en consuetudinarios organizadores de eventos deportivos, en cuyos torneos siempre resultan ganadores las mismas personas que promueven; el pago de sumas millonarias a funcionarios del instituto, que como tales, cobran a la Alcaldía por hacer torneos de básquetbol, para promocionar a la alcaldesa; además de contratar directamente con el Instituto.
Indicó Jonathan García que el Iamdere como instituto, de acuerdo a la ordenanza que lo creó, obliga a tener un auditor y asesor legal y no lo tiene, situación que representa una irregularidad; además, este instituto tiene un administrador, quien debería haber sido inhabilitado por responsabilidad administrativa en otros hechos irregulares.
Explicó el legislador que este ciudadano era tesorero del municipio San Cristóbal cuando ocurrió un millonario desfalco por más de 100 millones de bolívares, que fue publicado por los medios impresos y audiovisuales de la región; y cuando debió haber sido destituido del cargo e inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, fue premiado con el cargo de administrador del Iamdere, "entonces ocurre este tipo de hechos que están siendo investigados por la Fiscalía XXIII".
A juicio del diputado oficialista en el CLE, Jonathan García, "son tan evidentes los altos niveles de corrupción en la Alcaldía de San Cristóbal, que no pueden ocultarlos, llegando al extremo de denunciarse entre ellos mismos porque al momento de percatarse los organismos competentes de las tremendas irregularidades, comenzaron a pelotearse las responsabilidades que terminaron en la Fiscalía 23 contra la corrupción, donde resultó imputado un grupo de funcionarios del ayuntamiento capitalino, entre ellos un familiar de la burgomaestre".
-- Los hechos denunciados fueron tipificados como delitos de corrupción que se habrían cometido en la administración del Instituto Municipal del Deporte y de la Recreación (Iamdere), por los cuales la Fiscalía practicó un allanamiento a la sede de la Alcaldía, con el fin de constatar las irregularidades que estaban siendo denunciadas por diferentes ciudadanos, las cuales fueron demostradas-, afirmó.
Jonathan García agregó que este procedimiento ya arrojó resultados y en este momento se encuentran imputados más de siete funcionarios, "por delitos vinculados a la corrupción, entre ellos el hermano de la alcaldesa, que comprometen de responsabilidad a la ciudadana Mónica García, por ser la cuentadante y quien nombra la directiva del Iamdere y debería haber estado vigilante de que estas situaciones irregulares no ocurrieran, pero dejó que este instituto funcionara sin contralor".
-- La Fiscalía 23 del Ministerio Público, apoyada en el Cicpc, luego de realizar las experticias en la Alcaldía y procesada toda la información, procedió a imputar a los funcionarios, como el presidente del Iamdere, el hermano de la alcaldesa; al administrador, así como a otros cuatro funcionarios, para quienes solicitan públicamente una medida privativa de libertad por riesgo de fuga-, dijo el diputado.
Aseguró que entre las irregularidades se encuentran: pagos a personas ajenas al Iamdere para beneficiar de manera triangulada a funcionarios de este instituto; entrega de recursos millonarios a funcionarios de la Alcaldía, quienes se han convertido en consuetudinarios organizadores de eventos deportivos, en cuyos torneos siempre resultan ganadores las mismas personas que promueven; el pago de sumas millonarias a funcionarios del instituto, que como tales, cobran a la Alcaldía por hacer torneos de básquetbol, para promocionar a la alcaldesa; además de contratar directamente con el Instituto.
Indicó Jonathan García que el Iamdere como instituto, de acuerdo a la ordenanza que lo creó, obliga a tener un auditor y asesor legal y no lo tiene, situación que representa una irregularidad; además, este instituto tiene un administrador, quien debería haber sido inhabilitado por responsabilidad administrativa en otros hechos irregulares.
Explicó el legislador que este ciudadano era tesorero del municipio San Cristóbal cuando ocurrió un millonario desfalco por más de 100 millones de bolívares, que fue publicado por los medios impresos y audiovisuales de la región; y cuando debió haber sido destituido del cargo e inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, fue premiado con el cargo de administrador del Iamdere, "entonces ocurre este tipo de hechos que están siendo investigados por la Fiscalía XXIII".
Enviado por :Doraylis Liseth D´Cesare Peñaranda
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