CÓMO SE LEGISLABA EN LA IV
Introducción
Carlos Andrés Pérez
Con el término “Apertura Petrolera” se conoció el proceso de privatización de las actividades de exploración, explotación, distribución y comercialización de hidrocarburos venezolanos iniciado a principios de los años 90. La política de “Gran Viraje”, promulgada por Carlos Andrés Pérez y amparada en las tendencias neoliberales prevalecientes entonces en el continente, optaron por la desestatización acelerada de importantes industrias nacionales, entre ellas las relacionadas con el petróleo.
En un principio, la Apertura se circunscribiría a la autorización de convenios con empresas privadas para la explotación de campos inactivos o marginales de PDVSA, pero, progresivamente, el Gobierno, el Congreso y las empresas privadas entregaron al capital extranjero buena parte de los recursos naturales, incluidos el petróleo de la Faja del Orinoco y el gas natural costa afuera.
El clímax de la Apertura se alcanzó en 1995, cuando el Congreso de la República aprobó la exploración a riesgo de 18 mil kilómetros cuadrados del territorio nacional, la máxima extensión de tierra venezolana licitada con fines de exploración y producción de crudos convencionales después de la Segunda Guerra Mundial [1].
Los principales rasgos de tales convenios hablan por sí solos de cómo los gobiernos de turno pretendían vender el país:
- Creación de sociedades anónimas para la exploración a riesgo de las áreas que recibieron ofertas durante un período máximo de 39 años.
- La participación del Estado, a través de PDVSA y sus filiales, oscilaría entre el 1% y el 35 %. En consecuencia, entre el 65 % y el 99% de las acciones restantes, según el caso, pertenecerían a las compañías privadas reunidas en un consorcio.
- Los miembros de cada consorcio pagarían al Estado las regalías, un impuesto de participación del Estado en las Ganancias (PEG), un impuesto sobre la renta, entre otros. No se preveía el pago de impuestos municipales, como obligaba la Constitución. Además, PDVSA protegería a los inversionistas extranjeros de producirse cambios en la política fiscal que los desfavorecieran.
- Cualquier controversia surgida con motivo de la interpretación del contrato o de su ejecución sería resuelta mediante el procedimiento de arbitraje establecido por la Cámara Internacional de Comercio de París y no por la legislación nacional.
Sin embargo, muchas de estas cláusulas violaban abiertamente disposiciones contenidas en la Constitución de la República, la Ley que asignaba al Estado los derechos de propiedad y administración de los hidrocarburos, y otras disposiciones. El entonces diputado Alí Rodríguez Araque, en la Sesión Conjunta del 4 de julio de 1995, citaba algunas de las violaciones más flagrantes de la legalidad:
Constitución de la República
a) Artículo 136, ordinal 10º: “Es de la competencia del Poder nacional el régimen y administración de las minas e hidrocarburos”.
b) Artículo 103 “Las tierras adquiridas con destino a la exploración y explotación de concesiones mineras, comprendidas las de hidrocarburos y demás minerales combustibles, pasarán en plena propiedad a la nación sin indemnización alguna al extinguirse por cualquier causa la concesión respectiva”(…).
Ley orgánica de la Administración Central
a) Artículo 35 “Corresponde al Ministerio de Energía y Minas la planificación y la realización de las actividades del Ejecutivo nacional en materia de minas, hidrocarburos y en energía en general (…)
– “Decreto Nº 250 del 23–8–79. Artículo 1º “Se introduce esta reforma para reforzar el control por parte del Estado… (…) “…el cumplimiento del objeto social deberá llevarse a cabo por la sociedad bajo los lineamientos y la política que el Ejecutivo nacional, a través Ministerio de Energía y Minas, establezca o acuerde de conformidad con las facultades que le confiere la Ley.
- Decreto Nº 855 del 24–9–85, ratifica la función del control por parte del Estado.
Veamos evidencias, a través de las declaraciones de senadores y congresistas de la época, de cómo el Poder Legislativo, de espaldas al pueblo, traicionó por aquellos años los más evidentes intereses nacionales:
En defensa de la apertura
“Podemos decir hoy que hemos logrado un marco de condiciones para los convenios de asociación con un sólido apoyo político, que cumple cabalmente con lo exigido por la Ley y que mantiene la competitividad de estos convenios como opción de inversión atractiva para los capitales privados asociados a nuestra empresa petrolera nacional” (Virgilio Ávila Vivas, Presidente de la Comisión Bicameral de Energía y Minas, Sesión Conjunta del 4 de julio de 1995).
“Constituye un verdadero honor para mí como Ministro de Energía y Minas y en representación del Ejecutivo nacional dirigirme a este soberano Congreso en un día en el que se va a escribir la página más importante de la historia petrolera venezolana en los últimos 20 años (…) Estamos a un paso de producir un verdadero cambio en la relación petróleo–sociedad”. (Erwin Arrieta, Ministro de Energía y Minas, en la Sesión Conjunta del 4 de julio de 1995)
“El proyecto Hamaca [3] será un ejemplo de lo que una industria puede hacer, cuando deja de ser percibida como un factor de renta para convertirse en un verdadero motor del desarrollo económico regional y nacional. Cuando deja de ser un enclave y pasa a ser un integrante más de la sociedad.” (Senador Virgilio Vivas, Presidente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, Sesión Conjunta del 11 de junio de 1997).
Aprobación sin lectura…
Y sin discusión
“¿Cuántos han leído ese Informe [4], y de los que no lo han hecho, cuántos oyeron su lectura, porque observé que mientras el Secretario leía, virtualmente era imposible oírlo. Tengo la convicción, como lo he dicho en muchas oportunidades, de que se va a votar sin saber lo que se está haciendo.” (Diputado Alí Rodríguez Araque, en la Sesión Conjunta del 24 de abril de 1997 [5]).
“Lo que se trajo acá no fue lo que se discutió originalmente en la Sesión final de la Comisión de Energía y Minas. Eso que aquí se discutió de manera atropellada, mejor dicho, no se discutió, se oyeron algunas intervenciones, atropelladamente se dio por aprobado el informe y luego se llevó a nuevos ajustes en las cúpulas partidistas, yo participé en una de ellas, más como convidado de piedra que como otra situación, como un participante activo”. (Diputado Alí R. Araque, en la Sesión Conjunta del 4 de julio de 1995).
Mano ganada no se tranca
Diputado Ortega: Hay una cuestión, y va a ser la última de mi referencia…
Presidente del Congreso: Dios lo oiga, diputado.
Diputado Ortega: Me interesa más que me oiga usted, distinguido Presidente.
Presidente del Congreso: Lo estoy oyendo, pero como usted está hablando en lenguaje coloquial, la Presidencia se permite decirle que hay una regla de oro en dominó, y el Presidente de la República sabe mucho de dominó: que mano ganada no se tranca.
Los parlamentarios de los partidos AD y COPEI reaccionaron con estruendosos aplausos.
¿Y dónde está el pueblo?
“(…) En representación del pueblo, hemos ignorado a esa otra parte del pueblo constituido por gente capacitada, con experiencia y conocimiento que pudiera habernos asesorado en esta materia” (Diputada Lelys Páez [6], en la Sesión Conjunta del 19 de junio de 1996).
Hay una suerte de ficción en el sentido de que por el hecho de que el Congreso apruebe esas políticas significa el consenso nacional, sin saber que los parlamentarios no leen esos contratos y cuando los aprueban simplemente obedecen a líneas de partido. Esto es un hecho de grave irresponsabilidad por parte de los integrantes de este Parlamento (Diputado Alí R. Araque [7], en la Sesión Conjunta del 24 de julio de 1997).
Traje a la medida de las transnacionales: el ENTREGUISMO DE LA IV REPÚBLICA
Como se ha dicho, si algún rasgo caracterizó a los Convenios de Asociación aprobados durante el período, fue su escasa protección de los intereses nacionales. Hubo incluso quien los aceptó sin rubor:
“Estos convenios son un traje a la medida para grandes empresas multinacionales y a mí no me exaspera ni me preocupa que esto sea así”. (Diputado Leonardo Montiel Ortega, en la Sesión Conjunta del 4 de julio de 1995).
Las declaraciones citadas contrastan con otras voces, que se alzaron para denunciar la conjura:
“Todas estas cláusulas que disfrazan indemnizaciones o renegociaciones de los contratos por parte de los integrantes o las partes que suscriben esos convenios, tienden a limitar la soberanía tributaria del Estado” (Fragmento Diputado Alí R. Araque, en la Sesión Conjunta del 24 de abril de 1997).
“Estas dos actividades de absoluto y total interés nacional [impacto ambiental y transferencia tecnológica] han sido excluidas del ámbito de acción del Comité de Control. En lugar de hacer aprobar los programas de impacto ambiental y de transferencia tecnológica por dicho Comité, se deja a los inversionistas exclusivamente la potestad de diseñarlos, aprobarlos y explicarlos sin necesidad de someterlos a la aprobación y seguimiento de dicho Comité de Control.” (Diputada Lelys Páez, en la Sesión Conjunta del 19 de junio de 1996).
“Fueron más hábiles, más sabios o más experimentados los negociadores de las transnacionales que los negociadores de Venezuela (…). Pareciera que la mejor parte, que la mayor tajada (…) la sacaron las transnacionales, como históricamente ha ocurrido en el devenir petrolero de Venezuela” (Diputado Augusto Ortega Lima, en la Sesión Conjunta del 19 de junio de 1996).
“No voy a echar por la borda cincuenta años de integridad que es el terreno de la dignidad humana (…) No solamente voy a salvar mi voto, sino que voto negativamente este Informe, porque voy a dejar para la historia y que conste en Acta mi posición, en bien de mis hijos, en bien de mi Patria (Fragmento del discurso pronunciado por el diputado Luis Ramón Galíndez, independiente, en la Sesión Conjunta del 19 de junio de 1996).
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[1] La superficie de Venezuela abarca un área total de 916 mil cuatrocientos cuarenta y cinco kms2. El área licitada correspondía a un 2 % del territorio nacional aproximadamente.
[2] Fundador del Movimiento Renovación Nacional, partido desgajado en los 70’ de la Unión Republicana Democrática.
[3] Convenio de Asociación entre las empresas Corpovén S.A., Atlantic Richfield Co., Phillips Petroleum Company y Texaco Inc. para la explotación, producción, mezcla, industrialización, transporte, refinación, mejoramiento y comercialización de crudos extrapesados del Área Hamaca de la Faja Petrolífera del Orinoco. Para más detalles, véase Anexo 1.
[4] Se refiere al proyecto Hamaca.
[5] Sesión Conjunta del Congreso de la República, convocada para la discusión del Informe de la Comisión Bicameral de Energía y Minas sobre la autorización del marco de condiciones del Convenio de Asociación entre las empresas Corpovén S.A., Atlantic Richfield Co., Phillips Petroleum Company y Texaco Inc. para la explotación, producción, mezcla, industrialización, transporte, refinación, mejoramiento y comercialización de crudos extrapesados del Área Hamaca de la Faja Petrolífera del Orinoco.
[6] Para la época, diputada de Causa R.
[7] Para la época, diputado de Causa R
[8] Esta estrategia supuso que solo una empresa privada venezolana participara en el negocio.
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